Cinco explosiones en 11 días: la negligencia que incendia GDL

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Gloria Sánchez murió el 30 de abril, pero no recibió un funeral digno. Su familia solo obtuvo un “rollo de papel y una despensa con frijoles” como compensación. Su crimen: vivir cerca de Aerosoles Francomexicanos SA de CV, la primera de cinco fábricas que han explotado en la Zona Metropolitana de Guadalajara en menos de dos semanas. Su trágica historia no es un accidente: es el resultado de un sistema que prioriza los contratos públicos sobre las vidas humanas.

Dan ganas de blasfemar contra el tiempo. Cinco explosiones en 11 días. Diecinueve mil empresas industriales operando en una zona conurbada. Una Ley de Protección Civil que no se actualiza desde hace 15 años. Estos no son números abstractos: son la receta perfecta para una catástrofe anunciada en la tercera área metropolitana más poblada de México.

Sergio Ramírez López, director de Protección Civil de Jalisco, lo admitió con crudeza en una entrevista exclusiva con Milenio: la ley vigente es un cascarón vacío. No define protocolos técnicos, ni responsabilidades, ni sanciones. Diseñada para otra época, permite que fábricas con materiales tóxicos —como las productoras de aerosoles— operen a 200 metros de escuelas y viviendas, algo que difícilmente sucede en Ciudad de México o Monterrey.

Mientras Guadalajara arde, el Congreso local cancela sesiones “por fuerza mayor”, como anoche. La excusa es risible para un cuerpo legislativo que, en las últimas semanas: postergó la comparecencia por el caso Teuchitlán —donde se descubrió un campo de reclutamiento forzado del crimen organizado—; ignora el desacato por no armonizar la ley del Poder Judicial con las reformas federales; y archiva discusiones clave, como el aumento de tarifas de agua, mientras empresas como Aerosoles Francomexicanos —proveedora del gobierno de Zapopan desde 2017— reciben licitaciones millonarias, de acuerdo con documentos en poder de esta columna. Pese a todo, también se mantiene entre los proveedores del gobierno de Jalisco.

La familia Sánchez no es la única que llora en estos días amargos. Cada explosión deja un rastro de desplazados: más de 20 familias perdieron sus hogares en el incidente del 30 de abril. “Nos quedamos sin casa, pero a los diputados no les quitan el sueño los materiales inflamables. A ellos solo les explota la agenda cuando hay contratos de por medio”, denuncia un afectado.

Guadalajara alberga el 40 por ciento de la industria química ligera de México. El INEGI reporta que el 60 por ciento de estas fábricas están en zonas residenciales. Con una ley obsoleta y un Congreso ausente, la próxima explosión no es cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo, si es que no se asumen responsabilidades.

Mientras el gobierno y las empresas eluden su responsabilidad, académicos del Centro Universitario del Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) de la Universidad de Guadalajara, desmenuzan la raíz técnica del desastre. La doctora Carmen Patricia Bonilla Barragán, investigadora en seguridad industrial, no duda: “Estamos fallando en lo básico: orden y limpieza. La Norma 001 no es retórica, es la primera barrera contra incendios”.

Bonilla explica que la explosión del 30 de abril en Álamo Industrial pudo originarse por algo tan evitable como la acumulación de residuos inflamables. En carpinterías, el aserrín mezclado con tintes o aguarrás —sustancias reguladas por la Norma 005— es una bomba. Si no hay limpieza diaria, cualquier chispa en domingo —cuando no hay personal— lo convierte en tragedia.

La experta denuncia un sistema de autorregulación fallido. El Programa PASST permite que las empresas se auditen a sí mismas, pero sin verificaciones sorpresa por parte de Protección Civil. “Es como poner al zorro a cuidar el gallinero”. Señala que la Norma 019 —que exige comisiones de seguridad proporcionales al tamaño de cada fábrica— ni siquiera se aplica en el 60 por ciento de las PYMES jaliscienses.

Mientras los diputados de Jalisco disfrutan vacaciones pagadas con dinero público, las fábricas siguen almacenando material inflamable y las Glorias del estado siguen siendo reducidas a “daños colaterales”. La pregunta no es si habrá una sexta explosión, sino cuántas vidas más costará actualizar una ley que lleva 15 años en coma.