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Conoce en qué consiste la NUEVA Ley de Comunicaciones y cómo podría afectar a tu libertad de expresión

La desaparición del IFT y la creación de nuevos órganos de control generan dudas sobre la autonomía del sector y la protección de datos personales.

México /

El Senado de la República aprobó una de las reformas más polémicas del último año: la Ley en Materia de Nueva Telecomunicaciones y Radiodifusión. Con 77 votos a favor y 30 en contra, el dictamen marcará un giro importante en la forma en que se regulan los servicios de telefonía, internet y medios de comunicación en México.

Esta nueva legislación elimina al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), creado en 2013 como órgano autónomo, y da paso a dos nuevas entidades: la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

​Ambas serán las encargadas de supervisar y dictar las reglas en un sector que afecta directamente a millones de usuarios en el país.

¿Qué cambios trae la ley para el usuario?

Uno de los principales puntos que afectan a los usuarios es la conservación de datos. A partir de la implementación de esta ley, todas las empresas de telecomunicaciones estarán obligadas a conservar la información de sus clientes durante un periodo de dos años. 

Descubre aquí qué es la nueva Ley de Telecomunicaciones y cómo podría impactar tus datos, servicios digitales y derechos como usuario.
La ley de comunicaciones establece la desaparición definitiva del Instituto Federal de Telecomunicaciones | IFT

Además, si una autoridad lo solicita, estos datos deberán entregarse en un plazo máximo de 24 horas. Esto ha generado preocupación entre organismos de derechos digitales, quienes advierten que puede abrir la puerta a prácticas de vigilancia o abuso. 

Sin embargo, el gobierno federal sostiene que esta disposición no representa espionaje, ya que la entrega de datos solo se puede realizar mediante una orden judicial, tal como ya lo establecía la Ley Federal de Telecomunicaciones desde 2014.

Otro aspecto importante para los usuarios es que se eliminó del dictamen final el artículo 109, que originalmente otorgaba al Gobierno la facultad de bloquear redes sociales y plataformas digitales sin intervención judicial. Activistas y representantes de la oposición celebraron esta eliminación como un triunfo en contra de posibles censuras.

¿Qué pasará con los organismos reguladores?

El IFT, organismo autónomo que regulaba las telecomunicaciones y la radiodifusión, dejará de existir. En su lugar se establecerá la ATDT, que absorberá sus funciones. 

Aunque el gobierno ha señalado que esta nueva agencia tendrá capacidades técnicas similares, analistas advierten que su cercanía con el Ejecutivo puede comprometer su independencia y su papel como regulador imparcial.

A la par, se creará la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, integrada por cinco comisionados que serán propuestos por el presidente de la República y ratificados por el Senado. Aunque en el papel operarán con autonomía, diversos sectores temen que su origen político afecte su desempeño y objetividad.

¿Qué controversias ha causado la ley de comunicaciones?

Uno de los temas que más inquietud ha causado es la posible intervención del gobierno en los contenidos que se transmiten por medios electrónicos. Aunque el titular de la ATDT, José Antonio Peña Merino, aseguró que “no hay mecanismos de censura” y que se respetan los derechos de las audiencias,

Organizaciones defensoras de la libertad de expresión han advertido que los nuevos órganos reguladores podrían ejercer mayor control sobre lo que se publica o transmite.

A pesar de ello, el artículo 6º constitucional, que protege la libertad de expresión y de información, se mantiene vigente. Asimismo, los derechos de las audiencias continúan en pie, incluyendo la obligación de garantizar la programación infantil adecuada, evitar la discriminación y promover la igualdad de género en los contenidos.

Aunque el gobierno federal defiende esta ley como un paso hacia la modernización del sector y una mejora en la protección de los derechos digitales, diversos grupos civiles insisten en que su implementación debe ser monitoreada con atención.

La conservación obligatoria de datos, la eliminación de un órgano autónomo y el rediseño institucional generan interrogantes sobre la transparencia y la autonomía en la toma de decisiones en un ámbito que impacta el día a día de todos los mexicanos.

AM

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