Secretaría de Seguridad exhibe a jueces que liberaron a criminales en México

Pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador había asegurado que no se iba a hacer, para evitar humillaciones, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, exhibió con nombre y apellido a los jueces que con sus resoluciones han puesto en peligro la seguridad pública liberando a criminales o no vinculándonos a proceso.

En la conferencia mañanera de Palacio Nacional, el funcionario mostró 14 jueces, de los cuales en nueve dio a conocer la identidad del impartidor de justicia, en la mayoría de los casos relacionados con asesinatos y crimen organizado.

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“Algunas decisiones de los jueces locales y federales que han repercutido en la impunidad y la inseguridad”, dijo.

En el recuento hecho por Mejía Berdeja se mencionó al juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, Daniel Ramírez Peña, por no vincular a proceso a José Bernabé N, La Vaca, el principal generador de violencia de Colima.

También a Sergio Rodarte Oliva, juez de control en Zacatecas, por no vincular a proceso y ordenar la liberación inmediata de Rafael N, presunto integrante del Cártel de Jalisco y acusado de participar en el secuestro de dos personas.

Otro caso fue el del juez de control en Colima, Carlos Gallegos Arellano, quien dejó en libertad tras no vincular a proceso penal a Edwin Omar N, Minimix, quien presuntamente participó en el asesinato de Sergio Ortega Escobar, jefe de grupo de la Policía Investigadora de la fiscalía estatal.

Este mismo juzgador también determinó decretar la libertad del imputado Jorge N, El Mestas, debido a que consideró que no estaba en condiciones para enfrentar la audiencia, por una lesión en la mandíbula, cuando realmente se encontraba estable.

El juez Marco Antonio Antonio Ordorica Ortega Titular el Juzgado segundo de lo Penal en el Distrito Judicial de Bravos, con sede en Chilpancingo, Guerrero, ha llevado a cabo procesos de secuestro y en al menos dos ocasiones dictó sentencia absolutoria

Un caso más es el de la jueza Viviana Judith Juárez Vázquez, de Baja California, que en tres casos se le presentaron detenciones en las garitas o en la aduana con armas de uso exclusivo del ejército y determinó que eran ilegales las detenciones, porque no se había justificado cómo revisaban los vehículos y concedió la libertad a los implicados.

Otro caso fue el 10 de julio pasado, que dejó en libertad a Erick Manuel N, señalado como presunto autor intelectual del asesinato de un agente y, por cuestiones administrativos, determinó que no era legal la detención.

“Tres casos de impunidad de la misma juzgadora”, lamentó el subsecretario.

Asimismo, señaló a los jueces Juan Ignacio Ortega Morales, por liberar a un feminicida serial: a Daniel Hernández George por no vincular a proceso a tres presuntos secuestradores, y a Paulina Irais Medina, por no vincular a proceso a la madre de El Marro, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima y a otras cuatro personas.

Mención aparte mereció el juez Juan Pablo Gómez Fierro, a quien se señaló por haber otorgado suspensiones contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Esto, al mencionar la reciente detención de los extorsionadores telefónicos, conocidos como los “montadeudas”.

El miércoles pasado, el Presidente anunció que para defender la prisión preventiva oficiosa enviará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación los expedientes de casos donde los jueces liberaron a presuntos delincuentes que cometieron delitos graves, como homicidios, secuestros, corrupción y delincuencia organizada. Sin embargo, acotó que se harán públicos estos casos, pero sin dar el nombre de los jueces implicados, porque “los estaríamos humillando”.

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