Vinculan a 5 policías de Michoacán tras detectarse contradicciones en informe oficial sobre robo
Luego de las primeras investigaciones contra los policías de Michoacán, la autoridad judicial determinó que existían elementos suficientes para proceder legalmente contra los servidores públicos.
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Los oficiales mostraron discrepancias en sus informes oficiales. | Secretaría de Seguridad de Michoacán.
Un Juez de Control ha dictado auto de vinculación a proceso contra cinco elementos de la Guardia Civil de Michoacán, quienes enfrentan cargos por el delito de falsedad en declaraciones judiciales.
Los oficiales, identificados como Gustavo 'H'., Eduardo 'R'., Juan 'M'., Edgar 'A'., y Viridiana 'M'., habrían alterado la narrativa de los hechos ocurridos durante un operativo de seguridad en el municipio de Huiramba.
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¿Cómo inició la investigación en contra de los oficiales?
Los hechos que originaron esta investigación se remontan al pasado 19 de enero de 2025. En aquella fecha, los uniformados atendieron un reporte sobre un robo en proceso de un vehículo de carga pesada en una estación de servicio ubicada en la localidad de El Carmen.
Durante la intervención, los agentes lograron la detención de dos hombres presuntamente implicados en el ilícito; no obstante, el proceso legal tomó un giro inesperado debido a las irregularidades detectadas en el reporte oficial.
La Fiscalía General de la República (FGR) en Michoacán inició la carpeta de investigación el 4 de febrero, tras recibir una orden directa de un Juez de Distrito Especializado.
Las indagatorias revelaron discrepancias críticas entre el Informe Policial Homologado (IPH) —documento con el cual los detenidos fueron puestos a disposición— y las entrevistas posteriores realizadas por el Ministerio Público de la Federación.
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Contradicciones y detenciones
Las contradicciones e inconsistencias de los oficiales se hicieron evidentes al contrastar sus testimonios con las técnicas de investigación de campo y los peritajes especializados.
Al notar que la versión de los policías no coincidía con la evidencia física ni con la cronología real de los hechos, la autoridad judicial determinó que existían elementos suficientes para proceder legalmente contra los servidores públicos.
Tras la audiencia, el juez de la causa ratificó la vinculación a proceso y estableció un periodo de 45 días para el cierre de la investigación complementaria. Durante este lapso, se recabarán las pruebas finales antes de dictar una sentencia definitiva.
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