Gobernación interviene en Nayarit: garantiza acceso a playas de Punta Mita y Semarnat revisará obras en la zona
Mientras se desahoga el conflicto en la zona costera de Nayarit, los tres manifestantes detenidos por policias estatales ya han sido liberados.
En una jornada marcada por la alta tensión en el estado de Nayarit, la Secretaría de Gobernación (Segob) tomó el control para desactivar el conflicto social en Bahía de Banderas, desatado a raíz de los daños denunciados en Punta Mita.
Tras la detención de tres manifestantes que denunciaban irregularidades en un proyecto turístico en Playa Las Cocinas, la federación emitió una postura contundente: el acceso a las playas mexicanas no es negociable.
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¿Cómo ha avanzado el conflicto en torno a la Playa Las Cocinas?
La resolución del conflicto comenzó con la confirmación de la liberación de Fabricio Yáñez Fonseca, Sandra Cano Navarro y Antonio Benavides de la Cruz, quienes habían sido arrestados por la Policía Estatal bajo cargos administrativos durante una protesta contra el Grupo DINE.
Este gesto, sumado al retiro de los 50 elementos policiales que custodiaban la zona costera, marcó el inicio de una tregua necesaria para la entidad.
Habitantes de Punta Mita denuncian la presunta destrucción de Playa Cocinas por un proyecto de Grupo DINE que afectaría zonas de desove de tortugas. Durante una manifestación pacífica, la Policía Estatal detuvo a tres ciudadanos, lo que desató bloqueos en Bucerías pic.twitter.com/orJw5I9eZU
— José García Piña (@JoseVascoG) April 28, 2026
El derecho al libre tránsito como prioridad
A través del comunicado 049, el Gobierno Federal fijó una postura que busca dar certidumbre a los habitantes de Punta Mita frente al desarrollo inmobiliario. La Segob fue clara al declarar:
"El libre acceso a las playas es un derecho que debe garantizarse conforme al marco legal vigente, por lo que será un eje central en las decisiones relacionadas con la obra".
Para canalizar las demandas, se anunció la instalación de mesas de diálogo coordinadas por la Semarnat y Profepa, con el fin de supervisar técnicamente que las obras no invadan la Zona Federal Marítimo Terrestre ni afecten el ecosistema local.
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La Secretaría subrayó que, si bien se busca el desarrollo económico, este no puede estar por encima de la ley:
"La inversión deberá desarrollarse bajo criterios de legalidad, diálogo social y respeto al entorno", sentenció la dependencia.
Con esta intervención, el Gobierno Federal busca despresurizar un Nayarit que ya lidia con una compleja situación de seguridad, enviando un mensaje de apertura al diálogo como ruta para resolver las disputas territoriales en la costa.
LG
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