Abuso sexual en Chiapas: el 57% de los casos ocurre en el hogar y la mayoría de víctimas son niñas, advierte abogada

Durante el primer trimestre de 2026, Tuxtla Gutiérrez acumuló 45 carpetas de investigación por delitos sexuales en Chiapas, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado. Con estas cifras, la capital chiapaneca se posiciona como el municipio con mayor incidencia en la entidad.

De los expedientes abiertos, 15 corresponden a violación y 11 a abuso sexual. En este último delito se registró un incremento del 57 %, con un alarmante impacto en mujeres jóvenes y menores de edad.

La abogada litigante María de Jesús Hernández Díaz, quien brinda acompañamiento jurídico independiente a la Fundación Granito de Arena, advierte que el abuso sexual infantil y la pederastia son problemas cotidianos en Chiapas, aunque suelen permanecer ocultos hasta que algún caso alcanza repercusión mediática.

A propósito del reciente caso de un menor presuntamente agredido en Sabanilla, Hernández señaló que la difusión en redes sociales aceleró la intervención de las autoridades, pero lamentó que muchas víctimas no reciben la misma atención institucional.

La especialista subrayó que estos delitos no se limitan al espacio público; en su mayoría ocurren dentro del núcleo familiar o entre personas cercanas a los menores, lo que dificulta aún más la detección y denuncia.

Hernández hizo un llamado a los poderes Ejecutivo y Legislativo para que fortalezcan las políticas de prevención y protección infantil, pues muchas víctimas son niñas y niños de temprana edad que no cuentan con herramientas para identificar la agresión, defenderse o denunciar por sí solos.

La abogada también citó la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, que revela un aumento en la percepción de inseguridad en Tuxtla Gutiérrez: del 64.7 % pasó al 70.6 %. Considera que este temor está vinculado con la desconfianza ciudadana hacia el sistema de justicia, ante la posibilidad de que una denuncia no derive en consecuencias legales efectivas.

Uno de los principales obstáculos, afirmó, es la violencia institucional, presente desde la presentación de la denuncia hasta las fases avanzadas del proceso judicial. Por ello, solicitó a las autoridades que los casos sean analizados con perspectiva de infancia, que se otorgue valor al testimonio de las víctimas y que se consideren los riesgos que una resolución absolutoria podría acarrear tanto para ellas como para sus familias.