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Dictamen de fiscalización del INE determinará si alcalde electo de SMA rebasó tope de gastos 

INE determinará qué candidatos o partidos infringieron las normas en materia de fiscalización y serán sujetos a sanciones.

Editorial Telediario Nacional /

Luego de que Acción Nacional denunciara al alcalde electo de San Miguel de Allende; Mauricio Trejo Pureco por presuntamente rebasar 72 por ciento el tope de gastos de campaña y con ello anular la elección, será la comisión de fiscalización del consejo general del INE quien determinará qué candidatos o partidos infringieron las normas en materia de fiscalización y serán sujetos a sanciones.

Si se configura que un candidato ganador rebasa el tope de gastos de campaña más del 5 por ciento y sea la diferencia entre el primer y segundo lugar de votación, la elección podría llegar a anularse, explicó Jaime Juárez Jasso vocal del INE en Guanajuato.

Los criterios para anular una elección es cuando el candidato que gana rebasa el tope en más del 5 por ciento. Por ejemplo si el tope es de un millón cien mil entonces lo rebasó en 10 por ciento pero aparte tiene que ser el ganador y el que quedó en segundo lugar tiene que tener no más de 5 puntos porcentuales de votación (de diferencia), si se cumplen esas dos condiciones la elección puede ser anulada
Dictamen de fiscalización del INE determinará si alcalde electo de SMA rebasó tope de gastos 

Hasta el momento no existen antecedentes en el estado de Guanajuato de una elección que haya logrado anularse bajo estas condiciones.

Si bien el INE a nivel local tiene su departamento de fiscalización, todas las irregularidades detectadas son enviadas a la unidad técnica de fiscalización del INE nacional que la concentra, revisa y da inicio a los proyectos de dictamen.

Así mismo, el INE da a los partidos políticos derecho de audiencia para que realicen las aclaraciones, la determinación final de fiscalización de gastos será emitida a más tardar el próximo 22 de julio.

Durante el proceso electoral 2021 las quejas más comunes fueron contra los partidos y candidatos que hicieron uso de redes sociales sin especificar el gasto.

Tal es el caso del Partido Verde que a nivel nacional contrato un día antes de la jornada electoral a figuras públicas e influéncers para hacer propaganda.

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