Contraloría de Durango no da a conocer casos canalizados
No todos los documentos que se entregan a la consejería local alcanzarán causa penal para que se comience con una investigación
La Secretaría de Contraloría turnó expedientes a la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Durango para su valoración y fincar posibles causas penales.
Rosario Castro Lozano, contralora en el Estado de Durango, no dio a conocer que, a pesar de la insistencia de la prensa, no daría una cantidad de los casos canalizados para no entorpecer las investigaciones.
Otro de los puntos mencionados, es que no todos los documentos que se entregan a la consejería local alcanzarán causa penal para que se comience con una investigación, y es por eso que hay que esperar los resultados del análisis de la consejería jurídica mencione.
Dijo que no se mencionará la cantidad porque es un tema que se lleva en reserva y hasta no complementar lo que el consejero jurídico aporte, el estudio no se dará conocer.
Castro Lozano sostuvo que es un procedimiento que la Contraloría tiene en la indagatoria interna, como de seguimiento administrativo.
Afirmó que en la entrega de los documentos que el abogado del estado trabaja conjunto con el Gobierno del Estado, si se da a conocer la información, se habrá de conocer lo que el expediente guarda.
Explicó que se harán las denuncias respectivas penales en tiempo y forma, y es por medio del Ministerio Público quien llevará las indagatorias para determinar e imputar si así lo fuera necesario que algún ex servidor público en cuanto a hechos o causas que pueda tipificar en delitos alguno en el Estado de Durango, pero la Contraloría estatal solamente da seguimiento administrativo.
En torno al cuestionamiento dentro del último informe de Auditoria Superior de la Federación en la que se contabilizan 60 millones de pesos con causa penal, se limitó a decir que dentro de los documentos de ASF presenta observaciones e inconsistencias y probables irregularidades, así como asuntos donde se presume daño patrimonial y se presenta una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR).
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