Familias rompen el silencio y registran a sus presos políticos en Venezuela
Familiares de detenidos acuden a organizaciones de derechos humanos para registrar casos como presos políticos, tras anuncios oficiales de posibles liberaciones.
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Una oleada de familias venezolanas rompe el silencio y documenta detenciones con motivación política
La libertad llegó demasiado tarde para Edilson Torres, un expolicía venezolano cuya muerte ocurrió mientras permanecía detenido e incomunicado en una prisión del país.
Torres fue enterrado el martes en su pueblo rural, luego de fallecer el sábado a causa de un ataque al corazón.
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Su familia asegura que fue arrestado en diciembre bajo acusaciones con motivaciones políticas y que nunca pudo defenderse ni comunicarse con sus seres queridos.
Antes del funeral, una procesión fúnebre se detuvo frente a una cárcel local, donde su esposa continúa detenida por cargos que también son disputados por la familia.
La muerte de Torres, de 51 años, se produjo mientras sus familiares aguardaban la prometida liberación de presos anunciada por el gobierno venezolano tras el ataque de Estados Unidos contra el país el 3 de enero.
Su caso se ha convertido en un símbolo del sufrimiento de decenas de familias que, por temor, habían evitado denunciar la detención de sus allegados, pero que ahora comienzan a presentarse ante organizaciones de derechos humanos para registrar a sus seres queridos como prisioneros políticos.
Alfredo Romero, director de la organización no gubernamental Foro Penal, explicó que desde la semana pasada han recibido una “inundación de mensajes” de familias que antes no se atrevían a denunciar.
Según Romero, el miedo había sido el principal obstáculo, pero el anuncio de posibles liberaciones generó una esperanza que motivó a muchas personas a dar el paso.
Detenciones confirmadas con motivación política
De los aproximadamente 300 casos recibidos recientemente, unos 100 ya han sido confirmados como detenciones con motivación política.
La mayoría de los reportados corresponde a personas que en algún momento trabajaron para el ejército venezolano. En total, Foro Penal calcula que más de 800 personas continúan detenidas por razones políticas.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció que un “número significativo” de venezolanos y extranjeros sería liberado como gesto para “buscar la paz”.
Sin embargo, aunque el gobierno informó que 400 personas fueron excarceladas, no proporcionó nombres, lo que dificulta saber cuántos de ellos eran considerados presos políticos. Hasta el martes, Foro Penal solo había confirmado la liberación de 56 personas.
Tras la muerte de Torres, el fiscal general Tarek William Saab señaló que su caso estaba vinculado a una unidad de terrorismo y a supuestas actividades delictivas, sin ofrecer detalles. Este tipo de acusaciones vagas, según defensores de derechos humanos, ha sido utilizado anteriormente contra críticos del gobierno.
La historia de Torres está marcada por el dolor de su familia. Su hermana, Emelyn Torres, rompió en llanto al recibir el ataúd cubierto con la bandera venezolana, mientras su abuela estuvo a punto de desvanecerse durante el velorio.
Durante el traslado del cuerpo desde Caracas hasta Guanare, Emelyn se enteró de que otros hombres vinculados al mismo grupo de WhatsApp por el que su hermano fue detenido habían sido liberados. Torres, sin embargo, no vivió para recuperar su libertad.
Entre los liberados recientemente figuran la abogada Rocío San Miguel, el opositor Biagio Pilieri y el excandidato presidencial Enrique Márquez. También fue liberado el empresario italiano Marco Burlò, quien describió su detención como un “secuestro puro y real” debido al aislamiento total en el que permaneció.
Aunque las liberaciones han sido limitadas y generan críticas, representan un raro momento de esperanza en un contexto marcado por la represión, especialmente tras las elecciones de 2024 y la aprobación de una ley que facilita criminalizar a organizaciones de derechos humanos.
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Ese clima de temor, según Romero, explica por qué muchas familias apenas ahora se atreven a denunciar.
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