Israel ratifica la pena de muerte para palestinos condenados por asesinato
El legislativo israelí validó este lunes una normativa que faculta la aplicación de la pena capital a palestinos hallados culpables de matar israelíes.
La ratificación de esta propuesta representó el desenlace de un prolongado esfuerzo de la ultraderecha nacional para endurecer las sanciones contra palestinos sentenciados por crímenes de índole nacionalista. El mandatario Benjamin Netanyahu se presentó en el recinto para respaldar la moción personalmente.
La disposición establece la muerte —mediante horca— como castigo estándar para palestinos de Cisjordania juzgados por homicidios con trasfondo ideológico. El estatuto también otorga a los tribunales la potestad de dictar ejecución o reclusión perpetua a ciudadanos propios.
No tendrá carácter retroactivo y regirá únicamente para procesos futuros. La resolución fue severamente rechazada por agrupaciones de derechos humanos, que la tildan de segregacionista, extrema e inútil para prevenir atentados.
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Asociación por los Derechos Civiles presentó una apelación ante la corte suprema
Tras el veredicto, la cámara prorrumpió en festejos. El polémico ministro de Seguridad, Itamar Ben-Gvir, promotor del texto, exhibió una botella celebrando. Netanyahu se mantuvo imperturbable.
La diputada radical Limor Son Har-Melech, impulsora del documento, se mostró conmovida hasta las lágrimas. Har-Melech enviudó tras un ataque de milicias palestinas en territorio cisjordano.
En instantes, la Asociación por los Derechos Civiles presentó una apelación ante la corte suprema para cuestionar la validez legal, calificándola de “deliberadamente discriminatoria” y “carente de jurisdicción” sobre la población de Cisjordania.
El marco legal indica que la pena capital entrará en vigor en un mes. Previo al sufragio, Ben-Gvir dio un encendido discurso, definiendo la ley como un hito de soberanía y orgullo patrio.
“Desde hoy, los agresores y el mundo sabrán: quien arrebate una vida, el Estado de Israel le cobrará la suya”, declaró. En su ropa portaba su distintivo habitual: un pequeño broche con forma de soga.
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Alcance del proyecto
Entre los detractores figuran ciudadanos locales, organismos globales y las Naciones Unidas. Argumentan que instaura una jerarquía jurídica que restringirá las ejecuciones a palestinos acusados de liquidar a judíos israelíes.
El plan instruye a cortes militares a sentenciar a quienes maten israelíes en “actos terroristas”. Dichos juzgados procesan solo a palestinos no ciudadanos. El texto permite permutar la pena por cadena perpetua bajo “razones excepcionales”.
Los tribunales civiles, que procesan a israelíes —incluida la minoría palestina con ciudadanía—, decidirán entre prisión o ejecución en homicidios que busquen dañar residentes o “negar la existencia del Estado”. Amichai Cohen, analista del Instituto de Democracia de Israel, advirtió que tal segmentación es conflictiva.
“Operará en zonas con justicia militar para palestinos. En el sistema civil, solo castigará actos terroristas que cuestionen al Estado. Esto implica que los judíos quedarán exentos de esta ley”, afirmó.
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Cuestionamientos legales
Cohen subrayó que, bajo el derecho internacional, el parlamento no posee soberanía sobre Cisjordania. Muchos aliados de Netanyahu pretenden anexar dicha región.
El consultor jurídico parlamentario mostró inquietudes previas, señalando que el texto omite el derecho al indulto, contraviniendo tratados externos. El plazo para ejecutar sentencias sería de noventa días.
Aunque Israel admite teóricamente la pena de muerte por genocidio o traición bélica, no se aplica desde 1962 con Adolf Eichmann. La norma no afectará a milicianos capturados el 7 de octubre de 2023; existe otra propuesta para ellos.
La oposición teme que esto bloquee futuros canjes de rehenes. Finalmente, entidades contra la tortura recordaron que Israel siempre votó contra la pena capital en la ONU y que el Shin Bet advirtió sobre posibles represalias.
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