SCJN niega amparo a Préstamo Feliz y deja pendiente el fondo del caso

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la constitucionalidad de las disposiciones del Código de Comercio que permiten congelar cuentas bancarias y retener bienes sin necesidad de una audiencia previa. Sin embargo, el máximo tribunal no determinó si estas medidas fueron legales en el caso de la empresa Contratos y Servicios PF, conocida comercialmente como Préstamo Feliz o Préstamos Felices en 15 minutos.

La legalidad de las acciones aplicadas a dicha compañía deberá ser revisada y resuelta por un Tribunal Colegiado, que analizará las particularidades del caso.

Tras resolver el amparo en revisión 214/2026, el Pleno del máximo tribunal negó el amparo a la compañía únicamente contra las normas que permiten adoptar medidas cautelares para evitar que los bienes o recursos de una parte desaparezcan antes de que se resuelva una controversia judicial.

La decisión se limitó al análisis de la constitucionalidad de las disposiciones previstas en el Código de Comercio.

Cabe dejar claro que la Corte no determinó si en este caso existían elementos suficientes para ordenar el aseguramiento de las cuentas y la retención de bienes de Préstamo Feliz, ni si las autoridades judiciales aplicaron correctamente esos mecanismos.

Tribunal Colegiado analizará el caso

El expediente será devuelto al Tribunal Colegiado correspondiente, que deberá continuar con el estudio de los aspectos legalidad.

El caso data de finales 2024, cuando seis acreedoras extranjeras detectaron una caída drástica en los pagos destinados a un fideicomiso maestro y señalaron un presunto desvío de recursos hacia cuentas de Préstamo Feliz, empresa dedicada a otorgar créditos a trabajadores y pensionados.

Las reclamaciones superan los 4 mil 754 millones de pesos.

Ante esa situación, las acreedoras solicitaron medidas para asegurar los recursos y bienes vinculados con la disputa.

La empresa impugnó las disposiciones legales utilizadas para concederlas, al considerar que vulneraban sus derechos de audiencia y seguridad jurídica.

El ministro ponente Arístides Guerrero García explicó que el artículo 1168, fracción II, del Código de Comercio exige la existencia de un temor fundado de que los bienes puedan ocultarse o desaparecer. Este riesgo, precisó, debe sustentarse en razones objetivas y no en simples sospechas.

Asimismo, el artículo 1175, fracción V, establece la obligación de fijar una garantía para responder por los posibles daños derivados de las medidas cautelares.

mvls