Reyna Rodríguez, jueza federal en Guanajuato denuncia amenazas contra su familia: "hombres armados entraron a casa de mi mamá"

A través de su cuenta en la red social X, la juzgadora que está adscrita al Cuarto Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en Guanajuato Reyna Rodríguez, mencionó que por estos hechos dejará de hacer comentarios en las redes sociales.

La juzgadora ha criticado abiertamente la reforma judicial y ha cuestionado su procedimiento, además de que ha mencionado que dejará el cargo en 2027, cuando se elija por segunda ocasión por voto popular a juzgadores de Distrito.

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“Voy a dejar de publicar por un tiempo, por ella y por mi familia”, escribió tras denunciar el suceso.

Por su parte, la Asociación Mexicana de Juzgadoras expresó su indignación y rechazo ante el “cobarde ataque” del que fue víctima la familia de la jueza.

“Se trata de un atentado inadmisible que vulnera no sólo la seguridad de una servidora pública y su núcleo más íntimo, sino también el principio de protección del Estado de derecho que debe garantizar la vida y la integridad de quienes imparten justicia.

“Según la información pública y el testimonio de nuestra compañera, la familia de la juzgadora federal fue agredida a plena luz del día, en su domicilio. 

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A pesar de no haber sufrido ningún daño físico, la agresión evidencia claramente el alarmante nivel de violencia al que están expuestas las juezas en ejercicio de su función”, detalla el comunicado.

Mencionaron que no quieren pensar que este hecho constituye una forma de represalia o persecución derivada de su postura crítica y visible frente a la reforma judicial actualmente en curso.

“Sin embargo, dada la gravedad del contexto y los ataques sistemáticos al Poder Judicial en los últimos meses, es indispensable que las investigaciones incluyan esta línea de análisis con total seriedad y sin dilación”, mencionaron.

Por ello, exigieron a las autoridades federales y estatales investigar con celeridad y transparencia, sin descartar ninguna hipótesis, así como brindar protección inmediata y efectiva a la jueza y su familia y a otras personas juzgadoras que enfrentan amenazas.

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