"No privatizamos el horizonte": Oceanic Marketing responde a críticas por su pantalla en el mar de Puerto Vallarta y asegura que tienen permisos
Ante las protestas y el pedido de intervención federal en Puerto Vallarta, Oceanic Marketing sostiene que su pantalla flotante cuenta con permisos de la Marina y Capitanía de Puerto.


La empresa Oceanic Marketing emitió un comunicado oficial para defender la legalidad de su embarcación con pantalla LED de publicidad flotante que navega frente al Malecón y la franja marina de Puerto Vallarta.
La compañía afirmó que cuenta con las autorizaciones y la documentación emitida por la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Capitanía de Puerto para su operación comercial.

¿Cuál es la polémica de Oceanic Marketing en Puerto Vallarta?
La postura de la empresa responde directamente a la controversia pública que comenzó en redes sociales pues sorprendió que durante el atardecer en el mar, frente al malecón vallartense, aparecieran estos espectaculares digitales con anuncios.
La polémica ocasionó que el presidente municipal de Puerto Vallarta, Luis Ernesto Munguía González, solicitara mediante oficio a la presidenta Claudia Sheinbaum, la urgente intervención de dependencias federales para verificar la regulación ambiental y suspender o sancionar la nave por presunta contaminación visual.
Así, la respuesta de Oceanic Marketing sostiene que es un proyecto de inversión privada y mexicana, sin afiliación a gobiernos, servidores públicos ni partidos políticos, por lo que no percibe financiamiento público.
La firma detalló en el comunicado que la nave fue construida desde cero en Mazatlán, Sinaloa, por un astillero especialista en ingeniería naval, mientras que la estructura e infraestructura de la pantalla fueron desarrolladas por empresas e ingenieros nacionales.

¿Qué respondió Ocean Marketing?
Frente a los señalamientos de impacto ambiental y deterioro del paisaje marítimo, la empresa argumentó que no busca restar valor al entorno natural, sino ofrecer un formato de comunicación que conviva con la vocación turística local.
"Creemos en la innovación, pero también en la responsabilidad que implica introducir nuevas formas de comunicación en un destino tan valioso como Puerto Vallarta", se lee en el comunicado publicado en redes sociales, en las que solo tiene una publicación realizada.
Asimismo, la dirección de la compañía aseveró que su plataforma reservará espacios para la concientización ambiental, la difusión cultural, la promoción del destino y campañas de beneficio social en la comunidad.
La firma reiteró su disposición para exhibir expedientes y atender las inspecciones formalmente requeridas por las autoridades federales competentes.
A pesar de los argumentos presentados por el sector privado, el despliegue del barco publicitario generó un rápido descontento entre residentes y turistas de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta.
La oposición ciudadana ha estado respaldada por voces académicas y activistas, entre las que destaca el documentalista local Arturo Montero, quien denunció públicamente lo que considera una privatización del horizonte natural y exigió transparentar los criterios administrativos y las contraprestaciones bajo las cuales se autorizó la navegación.
Por su parte, el alcalde Luis Ernesto Munguía González fundamentó su solicitud ante la Federación recordando que el reglamento de ordenamiento urbano de Puerto Vallarta prohíbe los anuncios espectaculares de gran formato para prevenir la contaminación visual en la ciudad.
Munguía argumentó que la pantalla flotante en el mar transgrede este mismo principio estético y ambiental, por lo que pidió a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a la SEMAR y a la Capitanía de Puerto revisar a fondo si el proyecto cumple con las normativas ambientales y de seguridad marítima aplicables.
Para la ciudadanía y los sectores productivos en Puerto Vallarta, el debate central gira en torno al equilibrio entre las nuevas inversiones comerciales y la preservación de la imagen del destino turístico.
Mientras la empresa defiende su derecho al libre ejercicio comercial bajo permisos marítimos federales, los habitantes cuestionan la alteración de la vista panorámica del mar y los atardeceres.
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