La 'Ley Mordaza' del Porfiriato y su sombra en la Ley Ciberseguridad de Puebla

México parece atravesar por otro de los momentos punzantes en contra de la prensa crítica. El foco se ha puesto ahora sobre el estado de Puebla debido a la aprobación y publicación en caliente de la denominada Ley Ciberseguridad, la cual nace —según sus defensores— con la intención de combatir todo tipo de delito digital, pero que a su vez tiene la capacidad de encarcelar a las voces críticas por publicaciones hechas en redes sociales o cualquier medio digital que pudieran parecer ofensivas.

La popularmente apodada Ley Censura en Puebla no es un tema novedoso en el país. Su composición y alcances traen a la memoria la Ley Mordaza de una época como el Porfiriato, donde su publicación estaba enfocada en atentar específicamente contra la prensa y que derramó sangre periodística, cerró varias editoriales y mandó a prisión a quienes no apoyaran al régimen.

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Ambas iniciativas nacidas desde la administración en turno comparten ciertas similitudes que han hecho a ciertos autores tratarlas como si de sinónimos se tratasen. Sin embargo, la Ley Mordaza fue todavía más allá al sentar un precedente de ataques contra la prensa en el país y que ahora parecen replicarse en Puebla.

Ley Mordaza del Porfiriato: la norma que tiñó de rojo a la prensa en México

Corría el cuatrieno de 1880-1884 cuando Porfirio Díaz dejaba la presidencia a su compadre Manuel González Flores debido a que la Constitución le impedía reelegirse. Dos años después (1882) y por mandato presidencial se publicó un decreto que tomaba medidas represivas contra la prensa y que fue conocida como Ley Mordaza.

La norma era una clara ofensiva contra la libertad de expresión debido a que su entrda en vigor permitió aprehender, enjuiciar y encarcelar a cualquier periodista que publicase "notas críticas y subversivas contra el Estado", según explicó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en un texto dedicado a los texto Los hermanos Flores Magón.

Aquí cualquier ciudadano podía efectuar una denuncia contra alguna publicación que considerara como opositora. Mientras que la postura gubernamental de Manuel González consideraba que la información que no apoyara el régimen podría trastornar el orden público, siendo esta la principal justificación de su ley.

"Deberían ver la lista de editores que han sido asesinados, apuñalados o se les ha dejado pudrir en calabozos inmundos. Deberían conocer la historia de hombres nobles a quienes se ha apaleado, cegado, despojado de su propiedad, y por nada, salvo el demandar con palabras pacíficas las libertades garantizadas por la Constitución", indicó Ricardo Flores Magón al respecto según recogió la historiadora Eugenia Meyer en su obra John Kenneth Turner: Periodista de México.

El gobierno que le sucedió a González Flores fue precisamente el denominado Porfiriato, ya que Díaz tomó el poder del país en un segundo periodo en el que la Ley Mordaza no quedó atrás.

La necesidad de tomar el control sobre la prensa se debía a que todo aquello que se escribiera en periódicos era tomado en serio principalmente por los actores políticos. La prensa cobró amplia relevancia al ser un espacio para exponer ideas y poder debatir sobre ciertas opiniones o posturas: "ahí también se construían trayectorias y se podían destruir personalidades", escribió Fausta Gantús en "los rebeldes de la bandera roja".

Fausta Gantús también destacó algunas de las consecuencias para los no afiliados de pensamiento al oficialismo durante el Porfiriato. Aquellos eran golpeados o sus máquinas eran destruidas; la misma suerte corrían sus talleres, mientras que algunos autores eran o amenazaban o encarcelados de manera recurrentemente.

Más grave aún son también los casos de periodistas asesinados por pertenecer a la prensa crítica, aunque en muchos casos ni siquiera se les identificaba claramente como los autores de tal o cual texto. Algo así ocurrió con Jesús Olmos y Contreras, periodista que fue golpeado hasta la muerte en Puebla.

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Ley Ciberseguridad, ¿espejo del pasado para la prensa en Puebla?

Para salir de apuros pronto, la polémica sobre la Ley Ciberseguridad está puesta sobre el Artículo 278 Decies del Código Penal de Puebla. Allí se detalla el uso de las tecnologías de la información (TIC) con la intención de contactar a menores de edad con fines sexuales, un argumento que ha servido al gobernador Alejandro Armenta para defender la normativa y pedir la confianza de sus detractores.

Además, esta Ley contiene un artículo adicional para tipificar como delitos la usurpación de identidad, el espionaje digital y el ciberacoso. Es este último el que ha generado incomodidad debido a que la Ley contempla que el delito de ciberasedio —el uso de las TIC como redes sociales para insultar, injuriar, ofender, agraviar o vejar a otra persona— tenga una pena de 11 meses a tres años de prisión.

Pero además la persona hallada culpable será sancionada con una multa de 50 a 300 días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Quizás como analgésico, esta reforma indica que para que se halle a un culpable debe de haber la “insistencia necesaria para causar un daño o menoscabo en la integridad física o emocional” para ser considerado sancionable.

La Ley Ciberseguridad es una realidad en Puebla que no contempló opiniones o sugerencias sino hasta después de su publicación en el Diario Oficial del Estado pese a la preocupación por parte de activistas, el gremio periodístico y especialistas en la materia. Más de una semana después de su publicación la propia Claudia Sheinbaum en calidad de presidenta ha cambiado de opinión para, ahora sí, dar su aprobación a la Ley nacida desde el seno morenista en el estado.

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