Refuerzan vigilancia en anexos de León tras incendio en San José Iturbide
El secretario de Seguridad de León, Jorge Guillén Rico, informó que los oficiales de policía tienen la instrucción de establecer contacto constante con estos centros como parte de las acciones de proximidad social.
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León implementó visitas frecuentes a anexos como parte de una estrategia preventiva | Dany Béjar
Luego del incendio en un anexo del municipio de San José Iturbide, en el que al menos 12 personas perdieron la vida, la Secretaría de Seguridad de León ha intensificado la vigilancia y supervisión de los centros de rehabilitación que operan en la ciudad.
Como parte de una estrategia preventiva, se implementaron visitas frecuentes a estos espacios, en las que elementos policiales realizan entrevistas con usuarios y personal para identificar posibles riesgos y asegurar condiciones mínimas de seguridad y dignidad.
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El incendio en San José Iturbide, encendió las alertas a nivel estatal respecto a la operación de los llamados anexos —centros de rehabilitación, muchos de ellos de carácter privado o irregular— que proliferan en distintas ciudades sin una regulación clara ni protocolos adecuados.
En respuesta, las autoridades municipales de León comenzaron a reforzar su presencia en dichos lugares.
El secretario de Seguridad de León, Jorge Guillén Rico, informó que los oficiales de policía tienen la instrucción directa de establecer contacto constante con estos centros como parte de las acciones de proximidad social.
La medida busca detectar de manera temprana situaciones de riesgo o posibles violaciones a los derechos humanos de los internos.
“Ese tema de salud es fuerte donde quiera, y aquí no es la excepción. Estamos teniendo mucha proximidad con todos estos lugares. Una de las indicaciones que tienen los oficiales es estar generando entrevistas constantes para que todo esté en orden”, explicó el funcionario.
Coordinación con otras áreas municipales
Guillén Rico reconoció que no todos los anexos operan bajo los mismos estándares de control ni cuentan con condiciones adecuadas, por lo que ya se ha establecido coordinación con otras dependencias municipales, como Protección Civil y la Dirección de Salud, para realizar inspecciones conjuntas. En los casos donde se detecten irregularidades, se aplicarán las medidas correspondientes.
“Hay algunos centros más controlados que otros. Estamos trabajando mucho con Protección Civil y Salud para que, en la medida de lo posible, se mejoren todos estos entornos. Las personas que ingresan deben recibir atención en condiciones dignas, independientemente del problema de salud que tengan”, comentó.
El secretario enfatizó la importancia de que estos espacios no solo sirvan para la rehabilitación de personas con adicciones, sino que también ofrezcan un entorno seguro, limpio y regulado, en el que no se vulneren sus derechos ni se exponga a los internos a situaciones de violencia, hacinamiento o negligencia médica.
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Falta un censo actualizado de centros
Sin embargo, Guillén Rico también admitió que actualmente no se cuenta con un censo completo sobre cuántos centros de rehabilitación —formales o informales— están operando en el municipio, ni cuántos de ellos cumplen con los permisos requeridos para funcionar legalmente. La ausencia de esta información dificulta la supervisión integral de los anexos, muchos de los cuales operan de manera clandestina.
“Hay muchos lugares que ni siquiera están registrados formalmente. Estamos avanzando en el tema, pero es algo que requiere coordinación estatal”, señaló.
Preocupación por anexos irregulares en el estado
En todo Guanajuato, la operación de anexos ha sido objeto de atención pública y denuncias por parte de colectivos y organizaciones civiles, debido a múltiples casos de maltrato, hacinamiento, violencia, y en algunos casos, abusos físicos y psicológicos contra los internos.
A esto se suman los episodios de violencia armada como el ocurrido en San José Iturbide, que evidencian la vulnerabilidad de estos espacios ante el crimen organizado.
Ante este panorama, las autoridades locales han reiterado la necesidad de revisar los mecanismos de regulación, operación y supervisión de los centros de rehabilitación, no solo para evitar tragedias, sino para ofrecer una verdadera oportunidad de recuperación a quienes enfrentan problemas de adicciones.
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