Guanajuato suma más de 35 quejas por presunta falta de pago de utilidades; hay una investigación abierta
Hasta este momento continúan en proceso de inspección, en donde el patrón tiene un tiempo jurídico para aportar pruebas.
Marco Antonio Rodríguez, subsecretario del trabajo en el Estado de Guanajuato, informó que este año recibieron entre 36 y 38 quejas por supuesta falta del pago de utilidades.
Mencionó que hasta este momento continúan en proceso de inspección, en donde el patrón tiene un tiempo jurídico para aportar pruebas. Por ello estimó que las estadísticas finales, incluso sobre sanciones luego del operativo de Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), se tendrían para la última semana de agosto y primera de septiembre.
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Este año, la Subsecretaría del Trabajo hizo un total de 240 inspecciones en distintas empresas para verificar que sí se estén llevando a cabo conforme a lo que marca la ley y que cumplan en tiempo y forma.
"Las quejas fueron, si no me equivoco, 38 o 36; por eso le digo a números redondos. Nosotros siempre en PTU y aguinaldo lanzamos aproximadamente 200 o 250 (inspecciones), dependiendo de la capacidad inspectiva que tengamos en esos momentos y la carga que traigamos; lanzamos entre 200 y 250. Ahorita lanzamos 200 más las otras 38", dijo.
Abren investigación por el caso de "El Ramillete"
En otro tema, el subsecretario del trabajo dio a conocer que, derivado de la intervención que hizo la Fiscalía del estado en el rancho “El Ramillete” en Dolores Hidalgo el pasado 11 de julio por el supuesto delito de trata de personas con fines de explotación laboral, se abrió una investigación contra la empresa Agroverdi que aún sigue su curso.
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Si bien mencionó que no puede dar detalles de este proceso, reiteró que la investigación que ellos iniciaron es solo para atender el tema laboral; es decir, lo que buscan determinar es si hay o no sanción en alguna violación a algún derecho laboral.
"Lo que te puedo mencionar en este caso de la empresa: tenemos el procedimiento y les recuerdo que no podemos hablar mientras tengamos un procedimiento abierto; no podemos dar dato alguno extraordinario".
Explicó que del día que se llevó a cabo el operativo también hubo una inspección y el patrón o la empresa tienen hasta 30 días para aportar pruebas y después la subsecretaría tiene un periodo para hacer un análisis, periodo que le determinan de “evaluación” y posteriormente pasa al órgano administrativo sancionador.
El estatus de la investigación es que aún no pasa a ese órgano administrativo sancionador y sigue en curso.
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