Crónica del asedio municipal: así fue como el Ayuntamiento de Tequila llegó a clausurar una empresa internacional
El Ayuntamiento de Tequila incluso desacató la orden de un juez federal, procediendo a aplicar sellos de clausura a la Tequilera transnacional.
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Actualmente la tequilera sigue luciendo los sellos de clausura aplicados ilegalmente. | Foto: Museo Casa Carlos Terrés
Lo que comenzó como una discrepancia administrativa en el municipio de Tequila, Jalisco, ha escalado hasta convertirse en un escándalo judicial que pone en entredicho la seguridad jurídica de las empresas en la región.
La estrategia, descrita por la representación legal de una reconocida tequilera transnacional como una escalada calculada, consistió en una serie de maniobras institucionales que culminaron en la clausura ilegal de sus instalaciones en el fraccionamiento Todos Santos, en Tequila, Jalisco.
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¿Cómo fue el atropello legal realizado por el Ayuntamiento de Tequila?
El conflicto estalló el 26 de marzo de 2025, cuando la empresa recibió una notificación de pago por impuesto predial que desafiaba cualquier lógica contable: 19 millones de pesos correspondientes apenas al primer cuatrimestre del año.
Ante la falta de fundamentos claros en el requerimiento, la compañía buscó la mediación; sin embargo, al percibir una actitud hostil por parte de la autoridad local, decidió blindarse legalmente.
Pese a los intentos de la empresa por regularizar su situación ante notario público, el Ayuntamiento, encabezado por Diego 'N', mantuvo el asedio. El 10 de noviembre, una inspección exhaustiva resultó en cinco apercibimientos, preparando el terreno para el golpe final.
El desacato al Poder Judicial
El punto crítico ocurrió el 5 de diciembre. A pesar de que la tequilera contaba con una suspensión concedida por un juez federal —la cual prohibía explícitamente cualquier acto de clausura—, los inspectores municipales procedieron a sellar y clavar los accesos de cinco locales dentro del predio.
El último acto de clausura, ignoró deliberadamente el mandato judicial, transformando una disputa fiscal en un presunto delito de abuso de autoridad.
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Las consecuencias legales
La respuesta legal no se hizo esperar. Actualmente, existen carpetas de investigación que señalan una ruta de extorsión institucionalizada. Entre los implicados destacan:
Detenidos: El alcalde Diego 'N', el director de Catastro, Juan Gabriel 'N' y el titular de Seguridad Pública, Juan Manuel 'N'.
Prófugos: El tesorero Julio César Limón Trigueros y cinco inspectores municipales, quienes enfrentan acusaciones por ejecutar la clausura ilegal.
Este caso deja una pregunta en el aire para el sector empresarial: ¿Son estas acciones hechos aislados o una estrategia coordinada para forzar pagos desproporcionados mediante el uso de la fuerza pública? Por ahora, los sellos de clausura permanecen, al igual que la exigencia de justicia en los tribunales.
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