Denuncian filtración de datos personales de pacientes de VIH en Comusida de Puerto Vallarta, Jalisco
El caso ha generado una crisis de confianza en las instituciones encargadas de la salud pública, al exponer la falta de coordinación y la ineficacia en la protección de la información de pacientes.
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Las pruebas rápidas para detectar VIH tienen alrededor de 98% de efectividad. | Imagen: Universidad de Guadalajara
La filtración de datos personales de personas con VIH en Puerto Vallarta ha desatado una ola de indignación y preocupación en la sociedad civil. Este grave incidente, que compromete la confidencialidad de la información médica, manifestando la necesidad urgente de fortalecer los protocolos de seguridad; pues no es la primera ocasión que se comprometen datos en el sistema de salud.
Organizaciones civiles han levantado la voz para denunciar el hecho, que no solo constituye una violación legal, sino también un atentado contra la dignidad y los derechos de las personas afectadas. La estigmatización que aún persiste en torno al VIH hace que este tipo de filtraciones sea particularmente peligroso, ya que puede derivar en discriminación, acoso y violencia.
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Las exigencias de las organizaciones civiles van más allá de la renuncia de una funcionaria, apuntando a sanciones penales y administrativas, así como a la implementación de medidas preventivas que aseguren la no repetición de un suceso tan lamentable.
¿Cómo habría ocurrido la filtración de datos?
Tras la filtración de datos personales de personas que viven con VIH, registrada en el Comité Municipal para la Prevención del Sida (Comusida) de Puerto Vallarta, organizaciones civiles denunciaron penalmente el caso, presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y exigieron garantías de no repetición.
La información fue entregada presuntamente por la ahora excoordinadora del organismo, Leticia Enedina, a una universidad privada a través de un convenio escolar. La funcionaria firmó su renuncia este viernes, confirmó la Oficial Mayor Administrativa del municipio, Lucía Carmina Michel.
De acuerdo con Víctor Manuel Espíndola, presidente de la asociación civil Movimiento por la Igualdad en México, este hecho vulnera los derechos humanos de personas con una condición de salud que aún sufre estigmatización social y discriminación institucional.
"Lo que está fuera de control es la falta de respuesta institucional, es decir, no hay una estrategia coordinada de prevención, no hay una estrategia coordinada de diagnóstico, de seguimiento de casos, de tratamiento; se está normalizando un poco el tema del abasto de medicamentos, porque sí hubo un problema (...) hay una descoordinación y con esta falta de coordinación entre las autoridades lo que se provoca es una falta de datos reales”, señaló Espíndola.
Aclaró que la cifra oficial nacional se limita a quienes están en tratamiento dentro del sistema de salud pública, sin contemplar a quienes ya fueron diagnosticados, pero no reciben atención médica, o aquellos que se atienden en el sector privado o con organizaciones civiles.
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Apenas el pasado 29 de julio, trascendió que una estudiante en servicio social accedió a datos de pacientes con resultado positivo en pruebas rápidas de VIH, a través de actividades realizadas por Comusida. Aunque Leticia Enedina habría negado que se entregara una base de datos completa, asumió la responsabilidad y presentó su renuncia.
El presidente de Movimiento por la Igualdad en México calificó la situación como “muy grave”, pues “la información médica es confidencial por ley, y en casos como el VIH, su filtración puede provocar acoso, hostigamiento, violencia moral, física o institucional”.
Las exigencias de las organizaciones incluyen: sanciones penales y administrativas a los responsables, disculpa pública a las personas afectadas, medidas efectivas para garantizar que no se repita un caso así y la creación de un Consejo Municipal de Prevención y Respuesta al VIH, para coordinar acciones entre autoridades locales, estatales y la sociedad civil.
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