Qué cargos pueden enfrentar quienes realizaron amenazas en planteles de la UNAM
La Universidad Nacional Autónoma de México ha enfrentado amenazas en sus diferentes planteles, llevando a la institución a la cancelación de clases.
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La UNAM aplica un protocolo en casos de amenazas por artefacto explosivo en sus instalaciones. | Cuartoscuro
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha identificado a dos personas por su participación en las amenazas de bomba registradas en planteles de la institución.
Estas personas podrían enfrentar acusaciones por delitos contra la paz, conforme a las normativas penales vigentes en la Ciudad de México, por lo que tras la identificación, los involucrados ya fueron citados a declarar ante las autoridades.
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Policía Cibernética identificó a los presuntos responsables de las amenazas
La persecución de este delito se basa en el Código Penal para la Ciudad de México, donde las penas establecidas para estos hechos se extienden de los tres meses hasta los tres años de prisión, dependiendo directamente de la gravedad.
El marco normativo aplicable define el delito de amenaza de la siguiente manera:
"Al que amenace a otro con causarle un mal en su persona, bienes, honor o derechos, o en la persona, honor, bienes o derechos de alguien con quien esté ligado por algún vínculo, se le impondrá de tres meses a un año de prisión o de noventa a trescientos sesenta días multa".
Los señalados podrían enfrentar dos escenarios principales durante el proceso penal: tentativa simple o delito agravado.
En el escenario de la tentativa simple, la posibilidad de evitar la prisión existe, ya que las personas podrían acceder a la figura de libertad condicional, lo cual implicaría ir a firmar de forma periódica ante una representación ministerial.
En el escenario que representa el caso de mayor gravedad, los señalados podrían enfrentar hasta un año de prisión.
Es importante señalar que, de acuerdo con el Código Penal, las penas totales por delitos contra la paz alcanzan un máximo de tres años de prisión y se contempla el agravamiento de la pena al triple.
Lo anterior puede suceder cuando el acto de la amenaza consiste en difundir, exponer, distribuir, publicar o compartir imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento u obtenido mediante engaño.
Además, el delito será perseguido por querella, es decir, que la acción penal debe iniciarse a raíz de la queja de la víctima o de una persona afectada.
En el caso que ocupa a la institución, fue la propia universidad la que ejerció la acción, presentando la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Policía Cibernética.
Respecto a esto, el gobierno federal solicitó que se realizarán investigaciones sobre los hechos reportados, teniendo la identificación de las personas que se presume estarían involucradas en las amenazas de bomba registradas.
Además, se sabe que la institución continuará colaborando con las autoridades para evitar la propagación de información que no corresponde a la realidad, mentiras y versiones que buscan generar alarma e interrumpir las labores académicas.
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¿Qué está pasando en la UNAM?
Los hechos de violencia registrados en varias ocasiones llevaron a diversos planteles de la UNAM a tomar la decisión de suspender clases presenciales luego de un evento ocurrido el 22 de septiembre.
Dicho día, un estudiante de 19 años identificado como Lex Ashton asesinó a uno de sus compañeros en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, por lo que la situación de violencia aumentó al interior de las instalaciones de la universidad.
Por ejemplo, el 2 de octubre, se publicaron diversas amenazas de agresiones con explosivos dentro de las instalaciones, en medio de la manifestación por el aniversario de la masacre en la Plaza de las Tres Culturas, el Tlatelolco.
Ante estos sucesos, las autoridades universitarias iniciaron los protocolos de respuesta correspondientes, aunque se identificó que no había ningún peligro después de llevar a cabo las acciones que indica el protocolo.
Una vez que los equipos de emergencias dictaminaron que no existía riesgo para continuar con las actividades, se informó que el 6 de octubre se reanudarían las labores académico-administrativas en sus horarios.
Varios mensajes y amenazas similares fueron replicados en otros planteles, lo cual provocó que más de 30 planteles suspendieran sus clases presenciales.
El caso de las amenazas alcanzó la atención del gobierno federal, siendo la presidenta Claudia Sheinbaum quien aseguró que su administración estaba dispuesta a colaborar en lo necesario para atender la situación.
De igual manera, mencionó que todas las amenazas que se denunciaron o se hicieron públicas resultaron negativas, mientras que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se ha reunido con el rector.
Tras el regreso a clases presenciales parcial en los planteles de la UNAM, el lunes 7 de octubre, nuevamente tres planteles tuvieron que desalojar debido a amenazas similares.
Es importante notar que, para el caso del CCH Sur, donde ocurrió el evento de homicidio, las clases presenciales siguen suspendidas, ya que la fiscalía capitalina, realiza investigaciones y anunció que giró una orden de aprehensión contra de Lex.
Mientras tanto, la UNAM, a través de sus comunicaciones, ha subrayado que los involucrados en las amenazas ya fueron citados a declarar, reafirmando el seguimiento dado a las denuncias presentadas ante las autoridades.
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