Abelina López Rodríguez, alcaldesa de Acapulco, luce collar de 220 mil pesos y es denunciada de cohecho
Este 2025, Abelina López Rodríguez enfrentó acusaciones por el manejo indebido de recursos y ahora es criticada por un collar de lujo que presumió. Aquí los detalles.
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El collar de Van Cleef & Arpels es costoso debido a la calidad y la cantidad de diamantes que posee. / Cortesía
La presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, se encuentra en el ojo del huracán tras exhibir un collar de joyería de lujo de la exclusiva marca francesa Van Cleef & Arpels, cuyo valor aproximado se estima en 227 mil pesos.
Este acto, que ocurrió el jueves 23 de octubre, desencadenó una denuncia formal por el presunto delito de cohecho y una severa ola de críticas que cuestionan su compromiso con la austeridad.
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Abelina López Rodríguez asegura que collar de 220 mil pesos fue un regalo de la ciudadanía
La controversia escaló hasta el ámbito legal luego de que el abogado y exfuncionario municipal, Ramiro Solorio Almazán, acudiera a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) para denunciar a la alcaldesa.
Solorio Almazán señaló que la aceptación de la joyería podría acarrear penas de prisión que van de 6 a 16 años, destacando que "ningún servidor público puede recibir un regalo" de tal magnitud.
Cuando fue cuestionada sobre la posesión y el uso de la costosa joya, la alcaldesa defendió su conducta argumentando que el collar era un obsequio de la ciudadanía.
López Rodríguez insistió en que el pueblo la ama y le regala cosas, y se preguntó abiertamente si debía rechazar dicho afecto.
"Yo, ¿qué culpa tengo de que haya un pueblo que me ame y que me regale cosas? Me lo regalaron. ¿Y les voy a decir 'no, no te lo acepto'? Yo agradezco su amor y su cariño de pueblo", declaró.
No obstante, tras el escándalo, medios locales reportaron que la funcionaria dejó de utilizar la pieza, así como que intentó minimizar la polémica al asegurar que la joya era en realidad una copia con un costo mucho menor al reportado.
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Alcaldesa de Acapulco violó el Código de Ética y Reglas de Integridad al recibir collar de 220 mil pesos
A pesar de la justificación de la presidenta municipal, diversas normativas que rigen a los funcionarios públicos en México, tanto a nivel municipal como federal, obligan a los servidores a rechazar regalos y obsequios, sin importar el valor o la procedencia.
A nivel municipal, se identifica una violación directa al Código de Ética y Reglas de Integridad del Ayuntamiento de Acapulco.
Esta normativa, que fue aprobada y firmada por la propia Abelina López en 2022 durante su primera gestión, establece claramente que los servidores públicos deben conducirse con rectitud y tienen prohibido buscar o aceptar compensaciones, dádivas u obsequios de cualquier persona u organización.
El código subraya que la negativa a recibir regalos "constituye un comportamiento de rectitud" y asegura que tales restricciones existen porque los obsequios pueden "afectar o influir en las decisiones de la administración pública municipal".
La Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero también prohíbe a la alcaldesa recibir cualquier gratificación adicional a las establecidas en su tabulador salarial.
Esta legislación estatal define la "remuneración" como toda "percepción en efectivo o en especie", lo que incluye específicamente gratificaciones, premios y recompensas.
A nivel federal, la Ley General de Responsabilidades Administrativas aplica a todos los servidores públicos del país. Es bajo esta ley que la aceptación del collar podría configurar la falta administrativa grave de cohecho.
Dicho artículo sanciona al servidor público que acepte cualquier beneficio "no comprendido en su remuneración". Si esta falta se comprueba, el Tribunal de Justicia Administrativa podría imponer sanciones que van desde multas económicas hasta la suspensión o destitución del cargo.
Este escándalo se suma a un historial de cuestionamientos que rodean a la presidenta municipal, ya que López Rodríguez enfrenta una denuncia presentada en junio de 2025 por la Auditoría Superior del Estado (ASE) ante la Fiscalía General de Guerrero.
Dicha acusación es por el presunto manejo indebido de 898 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, recursos que no habrían sido comprobados correspondientes al ejercicio fiscal 2023.
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