Ayer, el abogado Víctor Oléa Peláez indicó que hay irregularidades que les permite sospechar que los cateos, en los que se aseguró dinero en efectivo, dos cajas fuertes y dos armas, no tienen sustento legal.
Hasta la noche del domingo, la defensa legal del ex gobernador no había sido notificada sobre si un juez federal ya tomó el caso para realizar la nueva audiencia.
En caso de que se demuestre que la privación de la libertad se generó “por ataques de las autoridades fuera de procedimiento”, la suspensión tendrá el efecto para que sea puesto en libertad.
El juez de control Carlos Alberto Salas determinó que el ex mandatario debe seguir enfrentando su proceso legal desde el penal y no en libertad, como lo intentaba su defensa legal.
