Bajo algunas circunstancias, los diferentes estados de la República justifican la interrupción del embarazo y dejan sin responsabilidades penales a las mujeres.
Buscan defender los derechos de las mujeres de la entidad, ya que el 60% de las violaciones se dan en el hogar y son forzadas a tener al bebé, cuando la mayoría son menores de edad.
