La carpeta de investigación en contra del ex consejero Jurídico de la Presidencia deriva de la denuncia interpuesta en por el abogado Paulo Díez Gargari.
El magnicida reclama que el Ministerio Público Federal no ha investigado los actos de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, y delitos vinculados cometidos en su perjuicio.
De encontrar a los responsables del siniestro, se impondrá pena de dos a diez años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa.
El próximo 28 de marzo se llevará a cabo la audiencia incidental donde se definirá sobre la suspensión definitiva y el próximo 20 de abril se resolverá si se concede el amparo.
