La medida impulsa orientación y asistencia a quienes quieran interrumpir voluntariamente su embarazo y sanciona a los que impidan cumplir esa decisión.
Honduras reforzó el artículo 67 de la Constitución que rechazaba la interrupción del embarazo, con lo que se consolida como parte del grupo de seis países latinoamericanos que lo penalizan totalmente.
