Entre las facultades que tendrá la Comisión Investigadora, será la de citar a las y los servidores públicos relacionados con la presunta corrupción inmobiliaria en Benito Juárez.
El presidente consideró que el tema sea revisado por el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, pues en Argentina este tipo de actos se han sancionado.
El fiscal también pidió cinco años de cárcel para Sandro Rosell, por entonces presidente del Barcelona, acusado de corrupción y fraude, y una multa de 8,4 millones de euros para el club.
Las sanciones a aplicar van desde una amonestación pública o privada, suspensión, destitución, inhabilitación y, en algunos casos, una sanción económica.