La iniciativa busca dar a los derechohabientes la elección entre pesos o UMAs para cuantificar su deuda y elimina la revisión anual de los créditos para actualizarlo con el aumento al salario mínimo.
El grupo conformado por 80 personas exigen que se que reestructuren sus créditos de vivienda que abrieron mientras se encontraban activos en la Policía Federal.
Ofrecen salarios de nueve mil 800 pesos mensuales, servicio médico en el ISSSTE y créditos para vivienda en FOVISSSTE, aguinaldo de 40 días al año y vacaciones pagadas.