La dependencia federal planteó esta medida en el Paquete Fiscal 2020 al argumentar que las plataformas no están pagando los gravámenes que les corresponden.
Ninguno de sus conductores se ha visto involucrado en señalamientos por agresión sexual como ha sucedido con Uber y DiDi, pero hasta el 70% de los choferes trabajan para las diferentes plataformas.
Afirman que son la primera compañía que cuenta con el registro de operaciones en la ciudad que están apegados al marco legal y que están respaldados por el gobierno del Estado.
