Reyna Reyes, diputada de Morena, propone reforma a la Ley de Derechos de Adultos Mayores en NL
La diputada de Morena destacó que las modificaciones contemplan incorporar la seguridad patrimonial y económica como un derecho protegido.
La diputada local de Morena, Reyna Reyes, propuso una iniciativa para reformar la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores, con el objetivo de fortalecer su protección integral y garantizar su seguridad, dignidad e integridad frente a diversos tipos de violencia.
En conferencia de prensa, Reyes destacó que las modificaciones contemplan incorporar la seguridad patrimonial y económica como un derecho protegido, a fin de prevenir que las personas mayores sean víctimas de engaños, manipulaciones o uso de la fuerza para despojarlas de sus bienes.
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Esto incluye propiedades, cuentas bancarias, muebles e inmuebles.
“Este cambio es crucial para que las intervenciones de las autoridades no solo sean reactivas, sino también anticipatorias, proactivas y alineadas con los principios fundamentales de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
“Cifras oficiales, en Nuevo León ocurren 10 casos diarios de maltrato a personas adultas mayores, quienes sufren violencia de abandono, psicológica, patrimonial, y sexual”, apuntó.
¿Qué cambios habría en los artículos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores?
Se reformarían diversos artículos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores estatal.
Insistió en que la propuesta conlleva a garantizar que las autoridades competentes no den por concluidas las intervenciones de forma prematura, sino que investiguen adecuadamente si el adulto mayor está siendo víctima de violencia psicoemocional, económica, patrimonial, entre otras, más allá de los signos físicos visibles de abuso.
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“Las intervenciones suelen limitarse a una revisión superficial, en la que solo se verifica que el adulto mayor esté bien alimentado, vestido y sin signos visibles de violencia física, sin profundizar más allá de esta evaluación. Como resultado, no se investiga si el adulto mayor está sufriendo otros tipos de violencia, como la psicoemocional, económica o patrimonial, que no dejan señales físicas inmediatas.
De este modo, las autoridades dan por concluida la intervención sin realizar una investigación”, finalizó.
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