¿Adiós al corralón? Buscan frenar retiro de vehículos durante antialcohólicas en Nuevo León
Diputado del PRI propone que familiares puedan retirar vehículos de conductores ebrios para evitar su traslado al corralón.
El coordinador dela bancada del PRI, Heriberto Treviño Cantú, presentó una iniciativa de reforma para que, cuando una persona sea detenida por manejar bajo los efectos del alcohol, un familiar o alguien de su confianza pueda hacerse cargo del vehículo, evitando así que sea enviado al corralón.
La propuesta contempla modificaciones al artículo 68 Bis 1 de la Ley de Movilidad y se sustenta en criterios emitidos por el Poder Judicial Federal. En particular, retoma una jurisprudencia del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito que establece una diferenciación entre las sanciones aplicables al conductor infractor y la retención de la unidad.
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“Respaldo los operativos antialcohol porque evitan que una persona alcoholizada siga conduciendo y ponga en riesgo su vida y la de terceros, pero también creo que, una vez que la autoridad logra ese propósito, no existe razón alguna para generar costos adicionales a las familias mediante el arrastre y resguardo del vehículo en el corralón, cuando se puede evitar si hay una persona responsable puede manejarlo seguro.
“Ya hay criterios judiciales que respaldan esta idea y estimo pertinente aplicar este criterio en Nuevo León, porque la iniciativa de ninguna manera elimina, ni reduce las sanciones aplicables a quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol, ya sea que corresponda multa, arresto u otras medidas; pero se puede evitar el traslado obligatorio del vehículo al corralón porque ya no tendría justificación”, apuntó.
¿En qué consiste la iniciativa?
Se busca establecer en Ley que una persona distinta al conductor, con licencia o permiso vigente y en condiciones aptas para manejar, pueda hacerse cargo del vehículo en los términos que determinen los reglamentos municipales.
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Los municipios como Apodaca y San Pedro, dijo, ya contemplan en sus reglamentos esta práctica, pero lo mejor es incluirla en la ley estatal para que sea extensiva a todo el estado.
“La iniciativa busca homologar este criterio para que los municipios cuenten con una base legal clara que les permita implementar medidas equilibradas, eficaces y congruentes con los principios de seguridad vial y proporcionalidad administrativa”, refirió.
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