Municipio de Monterrey denuncia ante la Fiscalía la retención ilegal de 313.5 millones de pesos

El Municipio de Monterrey interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Contra quienes resulten responsables por la supuesta retención indebida de fondos que le corresponden a la administración municipal.

Según la administración que encabeza Adrián de la Garza, el monto adeudado a Monterrey suma al momento 313.5 millones de pesos.

Fondos retenidos incluyen aportaciones y recursos de multas 

Esta cifra abarca el Fondo de Desarrollo Municipal, aportaciones y fondos estatales, además de los recursos de multas de tránsito municipales cobradas por el Instituto de Control Vehicular a través de su convenio de coordinación.

El municipio sostiene que estos recursos han sido solicitados formalmente al Gobierno de Nuevo León en distintas ocasiones y que, pese a ello, no han sido entregados.

La denuncia representa un nuevo capítulo en el conflicto que mantienen desde hace semanas alcaldes de distintos partidos con el Gobierno estatal por la distribución y transferencia de recursos.

El pasado 13 de julio, alrededor de una veintena de alcaldes metropolitanos y rurales acudieron a Palacio de Gobierno para exigir el pago de recursos.

En conjunto, estimaban en al menos mil 200 millones de pesos, aunque advirtieron que el monto podría alcanzar entre mil 600 y mil 700 millones.

Los alcaldes han señalado que los recursos pendientes incluyen fondos, aportaciones y recursos relacionados con derechos y multas vehiculares que son recaudados por el Instituto de Control Vehicular y que, de acuerdo con los convenios existentes, deben ser transferidos a los municipios.

Sin embargo, el Gobierno de Nuevo León rechaza que exista un adeudo con los municipios.

El encargado del despacho de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General, Ulises Carlín de la Fuente, afirmó el 13 de julio que las participaciones federales y estatales habían sido entregadas de manera exacta y oportuna.

 Señaló que los reportes publicados en el Periódico Oficial respaldan la distribución de los recursos.

El Estado también atribuyó parte de las presiones financieras a una disminución en la Recaudación Federal Participable durante el segundo trimestre de 2026, situación que impactó los recursos disponibles para estados y municipios.

Posteriormente, anunció que buscaría activar mecanismos de estabilización para compensar esa reducción.

Mientras el Gobierno estatal sostiene que no existe una deuda pendiente en materia de participaciones, los municipios aseguran que existen recursos específicos que no les han sido transferidos.

Con la denuncia presentada este miércoles, Monterrey eleva el conflicto a la vía penal y advierte que continuará utilizando las acciones legales necesarias para recuperar los recursos que considera pertenecen a los regiomontanos.

sptp