Denuncia Movimiento Ciudadano presunto abuso de facultades en Comisión Anticorrupción

La coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado de Nuevo León, Sandra Pámanes, acusó de manera pública el día de hoy a la presidenta de la Comisión Anticorrupción, Armida Serrato.

Su denuncia pública hace mención de presuntamente haber sobrepasado e incurrido en un exceso en el ejercicio de sus facultades legales y atribuciones.

Oficios dirigidos a notarías públicas sin aprobación

Esto se debe a que Serrato tomó la determinación de girar e instrumentar un total de 163 oficios dirigidos a diversas notarías públicas distribuidas en la entidad.

La finalidad de esta medida es requerir y solicitar información detallada referente a bienes inmuebles que se encuentren vinculados o relacionados de forma directa con el Gobernador del Estado, Samuel García.

Los requerimientos, dijo Pámanes en un comunicado, fueron enviados sin la aprobación de la Comisión y, presuntamente, rebasan el Acuerdo de Diligencias de Investigación, el cual define con claridad qué información puede solicitarse y a quiénes.

"Resulta evidente que la solicitud rebasa por completo los términos autorizados, exigiendo información que jamás fue sometida ni aprobada por la Comisión", expresó.

El acuerdo aprobado por la Comisión, indicó la emecista, como la Ley son el único marco legal para solicitar información a terceros dentro del procedimiento de juicio político, por lo que cualquier actuación fuera de esos límites carece de sustento.

"No se trata de un error administrativo menor. Es una actuación arbitraria, fuera de todo marco legal, que convierte una investigación legislativa en una cacería política sin fundamento ni control", afirmó.

Advertencias sobre vulneración del debido proceso

La legisladora advirtió que esta forma de actuar vulnera el debido proceso y pone en riesgo la legalidad del procedimiento de juicio político.

Señaló que cualquier diligencia derivada de esos oficios podría quedar cuestionada y generar responsabilidades para quienes impulsaron dichas acciones.

Asimismo, exigió que Serrato explique públicamente con qué facultades decidió ampliar el alcance de la investigación.

"El uso del procedimiento de juicio político como instrumento de persecución política, al margen de la legalidad, no será tolerado", concluyó.

El 12 de junio pasado, la Comisión Anticorrupción del Congreso local inició un juicio político en contra del Gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien pidió que se detenga el proceso de juicio político en todas sus etapas.

sptp