Fiscalía de Puebla buscará pena máxima para el presunto tirador de la Atlixcáyotl
El gobernador Alejandro Armenta pide a Finanzas investigar si existen contratos activos con el empresario farmacéutico de origen español que fue detenido el 14 de julio.
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La titular de la FGE, Idamis Pastor Betancourt, confirmó que el imputado enfrentará cuatro cargos | Fiscalía de Puebla
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla anunció que solicitará la pena máxima posible contra Rafael N., el empresario farmacéutico de origen español señalado como responsable de los ataques contra al menos 10 automovilistas en la zona de Angelópolis, hecho que lo ha popularizado como el "tirador de la Atlixcáyotl".
La titular de la FGE, Idamis Pastor Betancourt, confirmó que el imputado enfrentará cuatro cargos: homicidio en grado de tentativa, lesiones, daño en propiedad ajena y ataques peligrosos.
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Tras su detención, Rafael 'N' se negó a rendir su declaración, por lo que el ministerio público se enfocará en reunir todas las pruebas disponibles para respaldar la petición de la pena más alta contemplada en la ley.
"Tenemos que esperar a que el juez lo determine, pero pediremos la pena máxima", afirmó Pastor, quien también hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie si reconoce a Rafael 'N' como responsable de otras agresiones no reportadas.
Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta instruyó a la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración (SPFA) a revisar si el gobierno estatal mantiene contratos vigentes con el empresario, quien durante dos décadas ha sido proveedor en el sector farmacéutico.
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"En Puebla, quien comete un delito se enfrenta al escrutinio de la ley, sea quien sea, sin importar parentesco, compadrazgo, afiliación o condición económica".
Armenta descartó que una posible relación comercial con administraciones pasadas otorgue impunidad al detenido y adelantó que otro empresario ya le manifestó su intención de presentar una denuncia formal contra Rafael 'N' por daños a un establecimiento de su propiedad.
El caso continúa en proceso judicial, mientras las autoridades refuerzan el llamado a la cooperación ciudadana para esclarecer totalmente el alcance de las agresiones.
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