Cámaras Empresariales y Sociedad Civil actualizan iniciativa de Reforma Judicial; urgen a convocar mesas

Al tiempo que urgieron a convocar a más reuniones de trabajo, así como la instalación de una Comisión Redactora, Cámaras Empresariales y la Sociedad Civil de Nuevo León actualizaron hoy la iniciativa de Reforma Judicial que permitiría la elección por voto popular de Jueces y Magistrados de Nuevo León en el 2028.

Tras entregar el documento en la Oficialía de Partes, Mauricio De la Garza, presidente del Consejo Cívico, dijo que el Congreso local debe aprobar dicho tema en este periodo.

“Actualizamos la iniciativa y la armonizamos con la reforma federal de 2026, para que siga siendo viable y vigente. Ese es el sentido del anexo que hoy presentamos”, señaló.

De la Garza destacó los cambios federales, uno de ellos el calendario: la elección de personas juzgadoras, prevista para el 6 de junio de 2027, ahora será el domingo 4 de junio de 2028.

Consideró que después de la reforma federal, el margen del Congreso es más estrecho

“Hay cosas que ya no se pueden cambiar. No es posible, por ejemplo, eliminar la insaculación, es decir, el sorteo con el que se define quién llega a la boleta. Decirlo con claridad nos permite concentrarnos en lo que sí se puede construir. Y ahí hay un espacio real y valioso.

“El primer elemento es la certificación previa. En palabras simples: antes de que alguien pueda aparecer en una boleta para ser juez o jueza, debe acreditar una evaluación técnica y jurídica. No sustituye a nadie ni compite con nadie. Es un piso mínimo de preparación”, explicó.

El presidente de Consejo Cívico planteó que la evaluación la realice la Escuela Estatal de Formación Judicial, que tiene la capacidad técnica para hacerlo, siempre con el acompañamiento obligatorio de la sociedad civil y la academia.

Detalló que, en el Tribunal de Disciplina Judicial, se propone que quien investigue no sea quien resuelva, y que exista una segunda instancia separada.

“Que haya causas claras para iniciar un procedimiento, con la prohibición expresa de investigar a un juez por el sentido de sus sentencias. Y que exista, dentro del tribunal, una unidad especializada de evaluación y capacitación, que revise el desempeño de las personas juzgadoras durante su primer año en el cargo.

“¿Por qué importa? Porque un tribunal de disciplina mal diseñado puede convertirse en un instrumento de presión. Uno bien diseñado da confianza a la ciudadanía y a quienes imparten justicia”, apuntó.

Afirmó que revisaron las ocho iniciativas que hoy están en discusión y encontraron más coincidencias que diferencias.

“La gran mayoría contempla algún mecanismo de evaluación previa. El acuerdo de fondo ya existe. Lo que falta es dar el siguiente paso político”, señaló.

De la Garza urgió a instalar pronto una comisión redactora encabezada por los propios legisladores, con acompañamiento permanente de la sociedad civil, que convierta esas coincidencias en un dictamen.

“No el dictamen de un partido o de un sector, sino el mejor posible para Nuevo León. Y hay urgencia. Necesitamos que la armonización constitucional y legal se apruebe en este periodo ordinario. Una certificación seria no se diseña en unas semanas: hay que definir la metodología, preparar a quienes evalúan y coordinar a las instituciones. Si el tiempo se agota, lo primero que se pierde es la calidad”, afirmó.

Por su parte, Roberto Cantú, presidente de Coparmex Nuevo León, planteó que ningún juez pueda ser investigado por el sentido de sus resoluciones.

“Suele pensarse que la reforma judicial es un asunto de abogados y tribunales. No es así."

“Proponemos que ningún juez pueda ser investigado por el sentido de sus resoluciones. Y lo digo desde el sector empresarial: un juez no debe temer represalias porque su sentencia incomodó a alguien con poder político o económico. Lo que necesitamos son decisiones independientes, profesionales y previsibles”, enfatizó.

El anexo, precisó Cantú, no es un pliego de reclamos, sino que es el un conjunto de propuestas técnicas, dentro del margen que la Constitución permite.

Precisó que, sobre el piso federal, Nuevo León todavía puede construir, como en la preparación.

“Cualquier persona que aparezca en una boleta para juzgar debe haber demostrado antes que tiene el conocimiento y la capacidad para hacerlo."

“La segunda es la libertad de quien juzga. Por eso hacemos un llamado respetuoso y firme al Congreso: que analice estas propuestas con seriedad, que mantenga abiertos los canales de diálogo, que instale pronto una comisión redactora y que apruebe la armonización durante este periodo ordinario. Los tiempos importan. Posponer las decisiones tiene un costo, y lo paga la calidad del resultado”, explicó.

Por último, dijo que Nuevo León tiene la oportunidad de construir una reforma que sea referencia nacional, y que el sector empresarial está listo para contribuir.

El 18 de agosto pasado, Cámaras empresariales y organizaciones de la sociedad civil reprocharon a Diputados locales que el Congreso local vaya tarde en concretar la Reforma Judicial.

Sin embargo, fue en marzo cuando se presentó la iniciativa.

gaoh