Luis Donaldo Colosio propone permitir créditos de organismos internacionales para estados y municipios
Durante los últimos años la inversión en infraestructura se ha desplomado porque sus fuentes de ingreso propio son limitadas y las transferencias federales resultan insuficientes para cubrir las necesidades de inversión.


El senador Luis Donaldo Colosio Riojas, integrante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, propuso una reforma para permitir que los gobiernos estatales y municipales en semáforo verde puedan solicitar a organismos internacionales financiamiento para el desarrollo de infraestructura.
El legislador explicó que actualmente el artículo 117 constitucional prohíbe a estados y municipios contratar con cualquier acreedor extranjero, incluidos los organismos de desarrollo de los que México es socio.
Recordó que esta prohibición fue introducida en 1981 en el contexto de la crisis de deuda soberana latinoamericana con la finalidad de evitar que estados y municipios asumieran compromisos internacionales que pudieran comprometer la estabilidad macroeconómica del país.
“Esa regla se pensó para un sistema financiero internacional que ya no existe”, afirmó.
Colosio refirió que a la puerta de un gobierno local llegan todo tipo de demandas de la gente como las fugas de agua, el alumbrado público, las calles y el drenaje, pero durante los últimos años la inversión en infraestructura se ha desplomado porque sus fuentes de ingreso propio son limitadas y las transferencias federales resultan insuficientes para cubrir las necesidades de inversión.
Por ello, su propuesta consiste en reformar el citado artículo de la Constitución para permitir que estados y municipios puedan contratar créditos con organismos multilaterales e instituciones oficiales de fomento, únicamente para obra pública de infraestructura.
Esto tendría que ser avalado con el voto de dos terceras partes del Congreso local, en el caso de los gobiernos estatales, y por las dos terceras partes del Cabildo, en el caso de los gobiernos municipales.
Además, sólo podrá contratar quien esté en semáforo verde, por un plazo máximo de 15 años, y sin posibilidad de reestructurar. Ninguna autoridad podrá contratar en su último año de gobierno.
De igual manera, antes de firmar, el gobierno tendrá que pedir al menos una oferta a la banca nacional, compararla con la del organismo internacional, calcular el riesgo cambiario y publicar este análisis.
La lista de acreedores permitidos la publicará la Secretaría de Hacienda cada año, de modo que la banca comercial extranjera quede fuera.
El legislador de la Bancada Naranja señaló que menos de una tercera parte de los 2 mil 400 municipios tiene alguna deuda inscrita ante Hacienda. La medición más reciente del Sistema de Alertas indica que 609 de los 629 municipios evaluados están en semáforo verde.
“Un gobierno municipal dura tres años: uno para recibir, uno para hacer y uno para entregar. En ese tiempo, quien quiere construir una planta de tratamiento o renovar la red de agua tiene dos caminos: esperar un convenio que depende de la voluntad de otros o pagar el crédito que le ofrezcan”, comentó.
“Estas iniciativas le abren un tercero, con reglas claras y vigilado por su Congreso, su Cabildo y su gente. Los municipios ya demostraron que saben administrar su deuda. Démosles la oportunidad de construir su futuro”.
Este planteamiento contempla dos iniciativas: una para reformar la fracción VIII del artículo 117 de la Constitución y otra para modificar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, con el objetivo de establecer nuevas reglas en materia de financiamiento subnacional.

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