Gobernadora de Chihuahua pide a la SCJN validar ley que anula elecciones con intervención del crimen organizado

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, emitió un mensaje a través de sus redes sociales para fijar su postura ante la resolución que emitirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la reforma electoral aprobada en el Congreso del Estado.

La ley menionada establece la anulación de elecciones y la inhabilitación de candidatos cuando se compruebe la intervención del crimen organizado.

Postura de Morena ante la reforma en el Congreso local

La mandataria estatal recordó que la legislación fue respaldada por las distintas fuerzas políticas representadas en el poder legislativo local, con la excepción de la bancada de Morena, cuyos integrantes impugnaron la medida ante el máximo tribunal del país para buscar su invalidez.

Campos expuso en su mensaje que la iniciativa no surgió como una ocurrencia, sino como un blindaje necesario frente a escenarios registrados en otras entidades donde el narcotráfico influye en las candidaturas y los resultados electorales. 

Destacó que, tras no alcanzar los votos en el Congreso de Chihuahua para frenar la medida, la representación de Morena recurrió a la SCJN para impugnar los candados impuestos a perfiles vinculados con la delincuencia.

Llama la gobernadora a ministros a blindar el voto libre frente al narcotráfico

Durante su pronunciamiento, la jefa del Ejecutivo estatal enfatizó que la reforma aprobada por el Congreso chihuahuense responde a la necesidad de evitar la injerencia de grupos delictivos en los procesos electorales, fenómeno que, aseguró, se ha presentado en otras entidades del país.

“Lo que está en juego es precisamente eso, que el voto se decida en las urnas y no en los cuarteles del crimen. Chihuahua les pide que confirmen la ley completa y el país entero va a estar viendo qué es lo que ustedes deciden”, declaró la gobernadora.

Campos concluyó señalando que proteger el sufragio de la ciudadanía constituye una obligación prioritaria para su administración, por lo que mantendrá el seguimiento institucional a la decisión que tome la Suprema Corte.

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