Exigen al Gobierno de Nuevo León transparentar la deuda pública tras ocultar informe financiero de 2026

Al acusar la falta de publicación del informe sobre la situación de las finanzas públicas correspondiente al segundo trimestre de 2026, la Diputada local del PRI, Armida Serrato Flores, exigió al Estado transparentar de manera inmediata el estado de la deuda pública.

La Presidenta de la Comisión Anticorrupción dijo que el artículo 64 de la Ley de Administración Financiera establece la obligación de presentar un informe trimestral, pero que hasta hoy no se ha hecho.

El oficio fue remitido a Guadalupe Aníbal Hernández González, Coordinador Jurídico de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas, y no a Ulises Carlín, encargado de despacho.

“El Gobierno del Estado está obligado a cumplir con los plazos y mandatos por la Ley, los cuales no son una mera formalidad burocrática, sino la base del Principio de Legalidad que rige a todo estado social y democrático de derecho.

“El cumplimiento oportuno de la Ley de Administración Financiera es indispensable para garantizar la rendición de cuentas, la certeza jurídica y la máxima publicidad de los recursos públicos”, apuntó.

Serrato Flores mencionó que la opacidad en torno a las finanzas estatales genera incertidumbre y limita la capacidad de la ciudadanía y del Poder Legislativo.

“Se observa la omisión y retraso en la publicación del informe sobre la deuda pública correspondiente al segundo trimestre del 2026”, apuntó.

También exigió información sobre los pasivos de organismos públicos y paraestatales, incluyendo la Red Estatal de Autopistas, el Instituto de Control Vehicular, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, la Universidad Autónoma de Nuevo León y Metrorrey, así como los instrumentos financieros contratados.

De igual manera, solicitó copia del informe trimestral de las finanzas públicas correspondiente al segundo trimestre de 2026, incluyendo la información relativa a las entidades paraestatales.

“La omisión señalada vulnera directamente el derecho de la ciudadanía a fiscalizar el uso del erario, deteriora la confianza en las instituciones y obstaculiza la toma informada de decisiones sobre la hacienda pública estatal”, finalizó.

achm