Busca Ley de Macroprocesos agilizar casos complejos tras tragedia del Casino Royale

Hace 15 años un grupo criminal acabó con la vida de 52 personas en Casino Royale en Monterrey, terminando en una gran tragedia.

Una de las víctimas y afectadas reconocida por el incidente, Samara Pérez Muñiz, presentó una iniciativa la Ley de Macroprocesos Judiciales.

De acuerdo con la tarjeta informativa entregada ante el Congreso local, la causa penal 203/2011 y sus 14 acumuladas involucran a 25 personas procesadas, en un expediente que suma 101 tomos y cerca de 7q mil fojas.

En su tramitación se han presentado 26 apelaciones, 22 juicios de amparo y 6 reposiciones del procedimiento, con situaciones jurídicas distintas.

Objetivos y alcance de la propuesta 

Pérez Muñiz detalló, en su propuesta, que la Ley busca ocupar el espacio que la competencia estatal permite, mediante organización administrativa, coordinación entre instituciones, gestión documental, continuidad del servicio público, atención e información a víctimas, evaluación institucional, entre otras.

“Esta ley puede aplicarse a macroprocesos de distintas materias, entre ellas la penal, civil, familiar, administrativa, ambiental y de responsabilidades.

“En todos los casos sus mecanismos tendrán naturaleza exclusivamente administrativa y deberán respetar la distribución constitucional de competencias.”

“El Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, la legislación laboral y las demás disposiciones nacionales, generales, federales y locales aplicables. Esta ley no establece ni modifica reglas procesales en materia alguna”, indicó.

Mecanismos administrativos propuestos 

Se establece un mecanismo para identificar macroprocesos mediante umbrales objetivos de aplicación automática y criterios cualitativos complementarios.

Se crea, dijo la víctima, un registro institucional interoperable, una matriz nominal de seguimiento, planes de gestión, expedientes de continuidad, alertas administrativas de inactividad, enlaces de información para víctimas y demás personas vinculadas, de acuerdo con su calidad jurídica.

“También una mesa técnica de coordinación que no tiene, ni puede tener, facultades para intervenir en decisiones jurisdiccionales.

“También ordena algo que hoy no ocurre de manera uniforme ni coordinada: que las discrepancias entre registros institucionales se detecten, se documenten y se concilien.”

“Que un cambio de personal no borre el conocimiento acumulado sobre un caso, que cada recurso y cada amparo se relacionen con su efecto concreto, no solo con su número de expediente.”

“Que las víctimas reciban información periódica, accesible, verificable y diferenciada, en vez de cifras que no dicen nada sobre su caso particular”, expuso.

Por último, dijo que la Ley no busca señalar culpables ni ajustar cuentas con nadie, sino que las instituciones respondan mejor a quienes las necesitan, sean víctimas o personas procesadas.

sptp