Exigen justicia para menor víctima de violación en Torreón: denuncian 4 años de impunidad
La protesta, respaldada por la colectiva Justicieras por Nuestras Infancias, se realizó de forma previa a una audiencia clave donde el juez podría dar por concluido el proceso penal
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La familia y los colectivos activistas señalaron directamente al actual juzgador, Samuel Borrego, de comprometer el acceso a la justicia.
Al grito de justicia y acompañados por el bloque feminista, la familia Salazar se manifestó este martes al exterior del Centro de Justicia Penal de Torreón.
Ricardo Salazar, padre de una menor víctima de violación equiparada, denunció que, tras más de cuatro años de proceso legal, el sistema judicial de Coahuila sigue sin garantizar la reparación integral del daño para su hija, hoy de 15 años.
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Un proceso plagado de obstáculos
La protesta, respaldada por la colectiva Justicieras por Nuestras Infancias, se realizó de forma previa a una audiencia clave donde el juez podría dar por concluido el proceso penal, situación que la familia califica como una "arbitrariedad".
Desde el inicio, el caso ha enfrentado severas irregularidades. Ricardo Salazar recordó que la primera jueza de control, Karla Bustos, desestimó pruebas fundamentales, incluyendo dictámenes ginecológicos, psicológicos y la declaración de la menor bajo el Protocolo Michigan.
Aunque un magistrado distrital revocó esa decisión en apelación, el avance ha sido nulo.
"Llevamos cuatro años luchando contra un sistema que parece diseñado para proteger al agresor y no a la víctima.
No hay una notificación formal para la investigación complementaria desde mayo de 2023", señaló el padre durante la movilización.
Bajo la lupa: exigen retiro del juez encargado
La familia y los colectivos activistas señalaron directamente al actual juzgador, Samuel Borrego, de comprometer el acceso a la justicia.
Aseguran que el juez cuenta con señalamientos previos que ponen en duda su imparcialidad y su capacidad para juzgar con perspectiva de género y bajo el principio del interés superior de la niñez.
Ante esta situación, los manifestantes hicieron un llamado urgente aMiguel Mery Ayup , magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, para que:
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1. Se revise el actuar del juez Borrego y se le retire el conocimiento del caso.
2. Se destrabe el periodo de investigación complementaria, solicitado formalmente desde hace casi tres años.
3. Se garantice una sentencia conforme a derecho que ponga fin a la revictimización de la adolescente.
Solidaridad ciudadana y exigen justicia
Las activistas presentes enfatizaron que el caso de la hija de Ricardo no es aislado, sino un reflejo de las deficiencias estructurales en los Centros de Justicia Penal, donde los recursos de amparo y las tácticas dilatorias suelen desgastar a las familias de las víctimas hasta el abandono de las causas.
La familia Salazar aseguró que no se retirará hasta obtener una respuesta clara de las autoridades de alto nivel, advirtiendo que el tiempo sigue corriendo en contra de la salud emocional y la seguridad de la menor involucrada.
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