Detienen a exalcalde huasteco y a su esposa por posesión de armas; ya había enfrentado acusaciones de crímenes en el pasado
El exalcalde ya había enfrentado controversias legales y políticas por presuntos delitos graves como amenazas, desapariciones forzadas y homicidios.
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Isidro Mejía y Gabriela “N” quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República. | Cortesía
El exalcalde de Tampamolón Corona, Isidro Mejía Gómez, conocido como “El Chilo”, fue detenido junto con su esposa Gabriela “N” durante un operativo de la Guardia Civil Estatal en la región Huasteca , donde autoridades aseguraron un arsenal compuesto por armas largas, armas cortas, cargadores y cartuchos útiles.
La captura ocurrió sobre la carretera Tampamolón–San José de la Cruz, a la altura del Rancho El Diamante, luego de que elementos estatales detectaran una camioneta Dodge RAM roja cuyos ocupantes intentaron evadir a los agentes al notar la presencia policial.
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De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, durante la inspección fueron aseguradas varias armas de fuego , entre ellas un fusil AK-47 conocido como “cuerno de chivo”, un rifle AR-15, una escopeta semiautomática, dos rifles adicionales y tres armas cortas. También se localizaron siete cargadores y 86 cartuchos útiles de distintos calibres.
Las autoridades confirmaron que tanto Isidro Mejía como Gabriela “N” fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica.
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El exedil huasteco gobernó Tampamolón Corona durante el periodo 2018-2021 y que ya había enfrentado controversias legales y políticas tras dejar el cargo.
En septiembre de 2021, el Congreso del Estado inhabilitó a Isidro Mejía y a integrantes de su cabildo para ocupar cargos públicos durante seis años, debido a irregularidades relacionadas con la omisión de consultas indígenas en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo.
Además, durante su administración, colectivos y activistas indígenas promovieron denuncias ante autoridades estatales por presuntos delitos graves, entre ellos amenazas, desapariciones forzadas y homicidios.
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