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Vinculan a proceso al ex dueño de Ficrea; juez le dicta prisión preventiva en el Reclusorio Sur

Las autoridades federales le asignaron a Rafael Antonio Olvera Amezcua la medida de prisión preventiva por el riesgo de que escape del país.

Rubén Mosso Ciudad de México. /

Un juez federal vinculó a proceso a Rafael Antonio Olvera Amezcua, ex dueño de la Sociedad Financiera Popular (Sofipo), Ficrea, por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal por 185 millones 41 mil 280 pesos.

El juez de control del Centro de Justicia Penal en el Reclusorio Sur, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, fue quien determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) aportó datos de prueba que hacen presumir que es responsable de del presunto fraude fiscal.

El juzgado federal decidió la prisión preventiva en contra de Olvera Amezcua, argumentando un riesgo fundado de fuga y debido a que no tiene un domicilio cierto, pues el único que tenía se encuentra asegurado por las autoridades.

Asimismo, el juzgado detalló que el acusado tiene acceso a los recursos económicos que le facilitarían escapar del país, pues existen más investigaciones en contra suya y se han cumplimentado otras órdenes de aprehensión.

Los fiscales indicaron que Rafael Antonio Olvera manifestó en su declaración fiscal consistente en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) en 2013 ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos, ya que declaró haber recibido 10 millones 270 mil 132 pesos, pero la autoridad fiscalizadora detectó que obtuvo 627 millones 75 mil 333 pesos, con lo cual dejó de pagar el ISR por 185 millones 41 mil 280 pesos.

El jueves de la semana pasada, el gobierno de Estado Unidos deportó a México al ex dueño de Ficrea en el Puente de Lincoln-Juárez, que une a las ciudades de Laredo, Texas y Nuevo Laredo, Tamaulipas.

La Fiscalía General de la República llevó a cabo dos órdenes de aprehensión más contra Olvera Amezcua, una de las cuales es por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita bajo la cifra de 230 millones de pesos.

Funcionarios del gobierno federal comentaron que, hasta el momento, no se ha cumplimentado la orden relacionada con el fraude de más de 7 mil millones de pesos, asunto en el que fueron defraudadas miles de ahorradores.

Las órdenes de captura ejecutadas corresponden a jueces adscritos a los reclusorios Norte y Sur de la Ciudad de México, quienes explicaron que el pasado sábado se celebró la audiencia relacionada con el caso por el presunto delito de lavado de dinero por 230 millones de pesos, mandamiento judicial que fue otorgado a la FGR por el juez Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales.

KT

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