Denuncian extorsión a familiares de internas en el CERESO de La Laguna; Fiscalía investiga el fraude
Mediante una llamada, los delincuentes le hicieron creer a la señora Martha que Jaqueline saldría del penal al día siguiente.
Además de enfrentar la incertidumbre jurídica de sus familiares, parientes de mujeres recluidas en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de San Pedro han comenzado a ser blanco de la delincuencia.
Martha Ríos, madre de Jaqueline “N” —quien lleva casi seis meses detenida por un delito que presuntamente no cometió—, denunció haber sido víctima de una extorsión telefónica bajo la falsa promesa de que su hija obtendría su libertad.
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Le habrían dicho que su hija quedaría libre
Mediante una llamada, los delincuentes le hicieron creer a la señora Martha que Jaqueline saldría del penal al día siguiente.
Para agilizar el supuesto trámite, la afectada realizó un primer depósito de 4 mil pesos y, posteriormente, un segundo pago de 3 mil 500 pesos destinados a la supuesta adquisición de un brazalete electrónico.
De acuerdo con el testimonio de Ríos, este fraude no es un caso aislado, ya que al menos otras cinco familias de personas privadas de la libertad habrían caído en el mismo esquema de estafa.
Los responsables operaron utilizando números telefónicos con claves lada de otros estados, un detalle que las víctimas pasaron por alto debido a la desesperación por ver libres a sus parientes.
Tras detectarse la serie de engaños, las autoridades del penal supuestamente notificaron a las internas para que alertaran a sus allegados y evitaran atender este tipo de llamadas.
A la afectación económica se suma el calvario legal que viven las familias. La madre de Jaqueline "N" lamentó que, a casi medio año de la detención de su hija, la investigación no ha concluido y continúan en espera de una resolución.
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Fiscal dijo que no tenía conocimiento previo
Señaló que este rezago judicial afecta a varias mujeres dentro del CERESO de San Pedro, quienes presuntamente llegan a sumar hasta nueve meses sin recibir una respuesta clara sobre sus casos.
Tras difundirse la denuncia, el fiscal general del Estado de Coahuila, Federico Fernández, declaró que no tenía conocimiento previo de esta situación; sin embargo, instruyó de inmediato a su equipo de trabajo para investigar el reporte y brindar atención a las víctimas.
El funcionario destacó la importancia de formalizar las denuncias a través de los canales oficiales para facilitar las indagatorias, exhortó a la población a no responder a números con ladas ajenas a la región y manifestó su respaldo a la iniciativa del Gobierno Federal para el registro de líneas telefónicas, al considerar que podría contribuir a disminuir este tipo de delitos.
EC
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