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Por Cártel Inmobiliario, Fiscalía de CdMx ya busca a otras 4 personas

De las cuatro personas que la Fiscalía busca, hay tres ex funcionarios de la alcaldía Benito Juárez; todos estarían involucrados en el delito de corrupción.

Gaspar Vela Ciudad de México. /

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México informó que se encuentra buscando a cuatro personas más por su presunta relación con la red de corrupción en el sector de bienes raíces en la alcaldía Benito Juárez, conocido también como Cártel Inmobiliario.

De acuerdo con autoridades ministeriales, entre estas cuatro personas, hay tres ex servidores públicos de la alcaldía Benito Juárez, quienes fueron identificados como:

  • Víctor Manuel Mendoza Acevedo, ex director general de Planeación, Desarrollo y Participación en la alcaldía Benito Juárez
  • Emilio Sordo Zabay, ex director de Desarrollo Urbano en la alcaldía Benito Juárez
  • César ‘N’, ex funcionario que estuvo adscrito a la dirección general de Planeación, Desarrollo y Participación
  • Elvia ‘N’, quien, sin ser funcionaria de la alcaldía, era el presunto enlace y gestora de César ‘N’.

La FGJ dio a conocer que la Policía de Investigación (PDI) de la Ciudad de México también lleva a cabo trabajos de búsqueda para encontrar a los ex funcionarios.

En consecuencia, el Poder Judicial de la Ciudad de México libró órdenes de aprehensión contra dichas cuatro personas, quienes se encuentran acusadas de los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades cometido por servidor público, asociación delictuosa y extorsión.

Además, los presuntos miembros del Cártel Inmobiliario cuentan con una alerta emitida por el Instituto Nacional de Migración (INM) y con una ficha roja de la Interpol. Por ello, son buscados en los más de 190 países que integran dicha organización.

Víctima del Cártel Inmobiliario acusa mal ejercicio de ex funcionarios

En entrevista para TELEDIARIO, Rodrigo Muñoz, víctima y asesor legal de afectados por el Cártel Inmobiliario, aseguró que Víctor Manuel Mendoza, hermano del diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN) Luis Manuel Acevedo, era un funcionario clave para avalar construcciones ilegales en la alcaldía.

“Víctor, como director general de Planeación y Participación Ciudadana, tenía la única facultad relevante de la alcaldía, la más importante en materia de desarrollo inmobiliario, que es la supervisión, protección y firma del uso y ocupación. De hecho, el uso y ocupación es cuando la alcaldía va y verifica que todo estuvo en regla”.

El abogado destacó que la labor de Emilio Sordo como director de Desarrollo Urbano en la alcaldía era comprobar que las construcciones representan los lineamientos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, cosa que se incumplió con la construcción de City Towers Green Black.

“Emilio es el que firma el uso y ocupación, son tres personas, ese documento lleva tres firmas. La de Adelaida, la de Emilio y la de Víctor. Ella (Adelaida) como directora de obras, certifica que la obra cumplió con todo, él (Emilio) como director de desarrollo urbano certifica que se cumplió con los lineamientos de Seduvi, que sabemos que no porque había 56 departamentos más”.

FGJ expone modus operandi del Cártel Inmobiliario

El vocero de la Fiscalía de Ciudad de México, Ulises Lara, indicó que, el 8 de febrero de 2023, los presuntos miembros del Cártel Inmobiliario le exigían a empresarios diversas cantidades de dinero, esto a cambio de aprobar permisos de construcción.

Lara López detalló que una víctima denunciante explicó que asistió a la ventanilla única de la alcaldía Benito Juárez, a inicios del año 2022, con la intención de presentar una manifestación de construcción.

Sin embargo, según la denuncia, cuando regresó, en julio de 2022, el ahora prófugo César ‘N’ le aseguró que el trámite no se podía completar porque necesitaba un último acuerdo que sólo se podía completar con una aportación de 82 mil 500 pesos, que se debía entregar directamente en las oficinas de la Dirección General de Planeación, Desarrollo y Participación.

“La víctima refirió que le comentaron que realizando este pago quedaría garantizado el trámite y, durante el proyecto, así como la realización de la obra, no tendría ningún problema de verificaciones ni de protección civil. Posteriormente tendría que realizar otra aportación económica más grande, toda vez que faltaban las constancias de seguridad estructural y el visto bueno para los permisos de construcción”, dijo Ulises Lara.

KT

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