Maltrato y búsqueda nula: CEDHJ denuncia a autoridades de Jalisco por omisiones en 66 casos de desaparecidos
Las víctimas son hombres y mujeres de entre 16 y 71 años, reportados como desaparecidos en 15 municipios de Jalisco.
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La crisis de desaparecidos ha afectado a diversos municipios de Jalisco | Cuartoscuro
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió graves señalamintos contra autoridades estatales y municipales al documentar la desaparición de 66 personas en la entidad entre 2002 y 2024, una tragedia hasta ahora, permanece prácticamente impune.
A través de la recomendación 34/2025, el organismo autónomo exhibe una cadena de omisiones, negligencias y posibles responsabilidades directas de servidores públicos que habrían contribuido a la prolongación del dolor de decenas de familias.
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De acuerdo con la investigación de la CEDHJ, las personas desaparecidas, 60 hombres y seis mujeres, tenían entre 16 y 71 años de edad y fueron reportadas como no localizadas entre 2002 y 2024.
Los casos se concentran en al menos 15 municipios del estado, entre ellos Arandas, Guadalajara, Tlaquepaque, Tala, Tlajomulco de Zúñiga y Zapopan, lo que refleja que el fenómeno no es aislado ni responde a una sola región.
El dato más alarmante es que, de las 66 personas desaparecidas, únicamente 12 han sido localizadas, y todas fueron encontradas sin vida.
Las otras 54 continúan sin ser ubicadas, mientras sus familias siguen enfrentando la incertidumbre, el desgaste emocional y la falta de respuestas por parte de las instituciones encargadas de procurar justicia.
¿Cuáles son las acusaciones de la CEDHJ sobre las personas desaparecidas?
La recomendación 34/2025 detalla que la Fiscalía del Estado de Jalisco incurrió en investigaciones deficientes, búsqueda prácticamente nula y una constante dilación en la integración de las carpetas de investigación.
La CEDHJ documentó que, en muchos casos, las denuncias no se atendieron de manera inmediata, se perdieron líneas de investigación clave y no se activaron los protocolos correspondientes para la búsqueda de personas desaparecidas.
A esto se suma el trato indigno hacia los familiares de las víctimas, pues se señala que fueron revictimizados de manera sistemática: se les negó información, se les responsabilizó implícitamente de las desapariciones y se les obligó a realizar por su cuenta tareas de búsqueda.
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El señalamiento también alcanza al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, al que se acusa de retrasar de manera injustificada pruebas de ADN fundamentales.
Estas demoras, advierte la CEDHJ, han obstaculizado tanto la localización de personas como la identificación de restos humanos y, en consecuencia, la posibilidad de esclarecer los hechos y fincar responsabilidades penales.
Sin embargo, uno de los puntos más graves de la recomendación es la acreditación de desaparición forzada en casos ocurridos en los municipios de Tala y Arandas.
La Comisión estableció que policías municipales detuvieron a personas cuyo paradero se desconoce hasta la fecha, sin que existiera una reacción oportuna por parte de sus mandos ni acciones efectivas para dar con su ubicación.
Ante este panorama, la CEDHJ exige la reparación integral del daño a las víctimas indirectas, sanciones administrativas y penales contra los funcionarios responsables y la implementación inmediata de acciones de búsqueda serias, coordinadas y efectivas.
La recomendación no solo busca justicia para las 66 personas desaparecidas, sino que coloca nuevamente en el centro del debate la responsabilidad del Estado frente a una crisis que, lejos de ser del pasado, sigue marcando el presente de Jalisco.
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