Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente para responder por la probable comisión de los delitos de portación de arma blanca y amenazas.
Un afectado denuncia haber sido víctima de un fraude inmobiliario tras adquirir en 2009 un terreno que resultó tener un gravamen laboral superior a los 10 millones de pesos.
Los oficiales señalaron la posible existencia de cámaras de videovigilancia en un negocio cercano, cuyas imágenes podrían esclarecer las circunstancias del ataque.
De acuerdo con el organismo operador, las labores dieron inicio el pasado martes y forman parte de una intervención técnica programada, cuya duración estimada es de cuatro a cinco días hábiles.
