SIAPA exige auditoría y reinvención ¡ya!

Guadalajara no se va a levantar de la crisis de infraestructura hídrica de cara al Mundial 2026 solo metiendo tubos nuevos y echando capas de asfalto, a manera de maquillaje sobre las múltiples zonas devastadas.

La reconstrucción demanda cimientos sólidos, y en Jalisco, el organismo que debería ser el pilar de la política hídrica —el SIAPA— en la actualidad es sinónimo de desorden, opacidad y desconfianza.

Pocas instituciones públicas alcanzan el nivel de descrédito y tragedia como en la que está atrapada el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.

Ni el gobernador Pablo Lemus, preocupado de lo que pasa, ni los presidentes municipales ni nadie podrá reparar el colapso hidráulico que vemos todos los días a lo largo y ancho de la Zona Metropolitana si la institución que dirige el agua está, ella misma, fragmentada y sin rumbo.

No es lo que parece, es lo que es: a Multimedios todos los días llegan más de 20 denuncias con evidencia de fugas de agua, socavones, falta de suministro y abastecimiento turbio y mal oliente del líquido. En medio de esa tragedia los diputados afines aplicaron un tarifazo de casi 10 por ciento al precio del abasto de agua.

Acudimos en días pasados al llamado de vecinos de Privada Misioneros, colonia La Duraznera. Con evidencias confirmaron cómo una fuga no atendida creó un socavón que, a medida de que crecía y se ensanchaba, empezó a poner en riesgo a los transeúntes y a los habitantes de la zona. “Ronda en nuestras cabezas lo que pasó en El Bethel, donde el socavón se tragó un camión y un auto con personas”, dijo una vecina.

El SIAPA finalmente atendió la queja, pero el arreglo solo funcionó unos días: los trabajos de reparación empeoraron el problema de inundaciones en sus hogares. Ahora con lluvias leves el agua sucia y mal oliente se filtra en sus casas afectando su salud y patrimonio.

De todo existe evidencia videográfica. Nos gustaría decir que es el único caso en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Desafortunadamente no es así. Al igual que los vecinos de Privada Misioneros afectados de este y otros puntos, afirman que cuando quieren contactar al SIAPA no tienen éxito y les dicen que deben pagar para que arreglen el problema, lo que consideran injusto, ya que no es su culpa que se haya generado el problema.

No se trata de “echarle tierra” al SIAPA, sino de entender lo que le pasa y reflexionar para tomar decisiones para su recuperación. Todos los días, en la barbería, en el mercado, el café, donde te pares en Guadalajara, la gente habla del SIAPA y sus problemas de infraestructura, de la urgencia de resolver los daños, ya que el agua estancada está generando un ambiente insalubre y propenso a la proliferación de mosquitos y otros insectos.

La emergencia, sin embargo, no termina ahí, en fugas e inundaciones: estamos hablando de una crisis de credibilidad, de las que las autoridades se están desentendiendo y no han podido tomar el toro por los cuernos. El caso Eli Castro es la punta del iceberg de la podredumbre institucional en el SIAPA. Cómo un escándalo de contratación expone la red de irregularidades que ahoga al organismo.

La institución que recibe mil 500 millones de pesos al año no es suficiente para enfrentar los retos, dicen los funcionarios públicos y diputados que aprobaron el tarifazo. Por lo mismo es doblemente condenable que puestos técnicos usados como moneda de cambio político son los que han hecho agua al organismo.

Al no dar la cara, el titular Antonio Juárez Trueba hace suponer que el caso oculta una red de aviadores y sobrecostos. El caso Castro no es nada más un escándalo mediático: parece ser la evidencia de que el SIAPA prioriza intereses políticos sobre el derecho humano del agua.

Para que la Zona Metropolitana de Guadalajara recupere la credibilidad y certeza de un suministro justo y eficiente, la administración actual debe someter al SIAPA a una auditoría exhaustiva, sin ningún tipo de concesiones, que acabe con la opacidad. Sin embargo, el diagnóstico no es suficiente: urge debatir si este organismo, carcomido por décadas de mala gestión, merece una reestructura radical o su desaparición para dar paso a una nueva entidad.

En un acto de congruencia al tarifazo impuesto, ahora los diputados de José Luis Tostado, coordinador de Movimiento Ciudadano y sus aliados de Morena, están obligados a darle forma y ruta a la conformación de una institución con transparencia, técnica y rendición de cuentas, capaz de convertir el agua en un derecho garantizado, no en un privilegio o un botín político.

La ciudadanía dejó de ser tolerante a las promesas a medias, por eso todos los días en la barbería, en el mercado y café exige un sistema hídrico que funcione. No se logrará si quien lo administra carece de la solvencia moral y operativa para hacerlo.

ampliar