La hora de las cuentas en Jalisco

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Los sucesos violentos del sábado en Guadalajara, marcados por la marcha de la llamada generación Z y los actos vandálicos posteriores contra el Palacio de Gobierno y sus alrededores, elevaron también la temperatura del debate político en Jalisco.

Lo que inició como una manifestación de jóvenes terminó convertido en el preludio de un escenario de rendición de cuentas en el Congreso local, donde este martes dos figuras clave del gobierno estatal, Salvador Zamora, secretario de Gobierno, y Juan Pablo Hernández, titular de Seguridad Pública, usarán la tribuna legislativa ante los diputados en medio de cuestionamientos y tensiones crecientes.

La comparecencia de ambos secretarios, programada como parte de la glosa posterior a los hechos de violencia, no será un día de campo. Zamora llegará al recinto legislativo entre rumores sobre un presunto debilitamiento como brazo derecho del gobernador Pablo Lemus y señalamientos directos en su contra, entre ellos la acusación de la Iglesia Católica de no haber actuado con la contundencia necesaria para prevenir daños a espacios simbólicos como el Palacio de Gobierno, la plaza pública y el propio Congreso.

Pero existe otra sombra que podría proyectarse sobre su intervención: el señalamiento, desde distintos frentes, de una supuesta injerencia en la vida interna de los partidos políticos durante los primeros meses de gobierno, con el objetivo, según versiones que circulan en los pasillos, de construir una oposición a modo que desinflara la expectativa inicial de un Legislativo plural y equilibrado.

Conviene recordar el contexto: la actual Legislatura inició con una diferencia tan estrecha que colocaba a Movimiento Ciudadano al borde de la mayoría simple, prometiendo un escenario de auténticos contrapesos.

Sin embargo, esa expectativa se desvaneció rápidamente ante lo que muchos interpretaron como una estrategia gubernamental para minar la autonomía de las bancadas opositoras. Hoy ese fantasma podría reaparecer durante el interrogatorio a Zamora, aunque para los partidos opositores esta sea un arma de doble filo. ¿Cómo cuestionar ahora lo que en su momento permitieron, ya fuera por conveniencia o por incapacidad de resistir al poder gubernamental?

Por su parte, Hernández enfrenta cuestionamientos sobre la ausencia de protocolos policiales y la falta de una estrategia integral de inteligencia para garantizar la seguridad durante y después de las movilizaciones. Pero es precisamente en esta dualidad, lo inmediato de los disturbios y lo estructural de las acusaciones de intervencionismo político, donde radican el riesgo y la oportunidad de este ejercicio de rendición de cuentas.

La oposición, revitalizada por los eventos recientes y ahora unida, casi contra natura, por la amenaza común de la reforma judicial que empujó a PAN y Morena a una alianza inédita, llega con intenciones claramente confrontadoras. Sus integrantes parecen hoy tener un apetito político renovado y la voluntad de no desaprovechar la oportunidad de interpelar a dos de los pilares del gobierno, en lo que muchos esperan que sea un intento por comérselos vivos en la máxima tribuna legislativa del estado.

Sin embargo, detrás de este escenario de confrontación mediática y política surge una pregunta mayor. ¿Lograrán los diputados opositores trascender la coyuntura y llevar el debate a un plano de argumentación sólida y propositiva, o quedarán atrapados en lo simple o en la trampa de su propia complicidad inicial?

El formato de la comparecencia, negociado e impuesto por la oposición, parece diseñado para el impacto narrativo más que para la profundidad analítica. Con intervenciones limitadas a tres minutos por diputado, seguidas de respuestas acotadas de los secretarios y réplicas de dos minutos, el esquema favorece la contundencia discursiva, pero no necesariamente el examen riguroso de las políticas públicas. Es, en esencia, un espacio donde cada intervención estará cuidadosamente preparada para dejar un mensaje en la opinión pública más que para agotar los temas de fondo.

Pero en esta coyuntura hay algo que rebasa el espectáculo político: la oportunidad para que la ciudadanía observe y evalúe no solo la actuación de los funcionarios, sino también la capacidad parlamentaria de sus representantes. Si la oposición se limita a explotar lo ocurrido el fin de semana sin presentar una crítica documentada, con visión de Estado y alternativas claras, desperdiciará la oportunidad de demostrar que puede ejercer un contrapeso real, no solo ruidoso. Más aún cuando carga con el lastre de haber permitido, o al menos no denunciado a tiempo, aquello que ahora critica: la erosión de la autonomía legislativa.

Al mismo tiempo, el gobierno tampoco sale indemne. Las inconsistencias en las versiones sobre el número de detenidos, 47 según el primer comunicado oficial, 48 según declaraciones de Zamora y 44 según la Fiscalía, abrieron flancos de duda sobre la coordinación y transparencia entre dependencias. Esto debilita la narrativa oficial y alimenta la desconfianza en las instituciones.

En este contexto, la comparecencia de Zamora y Hernández puede leerse como un termómetro de la madurez política de las fuerzas en contienda. Para la oposición es la hora de la verdad. Deberá demostrar si puede enlazar los hechos recientes con una crítica estructural y no solo reactiva, enfrentando además el dilema de cómo abordar su propia responsabilidad en el desinfle de la pluralidad legislativa. Para el gobierno, en cambio, se trata de un examen sobre su capacidad para articular respuestas coherentes, asumir responsabilidades y mantener la unidad discursiva en momentos de crisis.

Más allá de la estridencia del momento, lo que está en juego es la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y en su clase política. Si los diputados opositores se quedan en la superficie de lo ocurrido, difícilmente podrán poner contra las cuerdas a secretarios con experiencia y respaldo político como Zamora. Pero si logran entrelazar la coyuntura con una evaluación de fondo sobre la estrategia de seguridad, la protección del espacio público, la rendición de cuentas y, no menos importante, la preservación de la autonomía de los poderes, este podría ser un parteaguas en la vida pública de Jalisco.

Al final, lo que la sociedad juzgará no será solo quién ganó el debate en el Congreso, sino qué tan capaces son sus gobernantes y opositores de construir, desde las diferencias, una política basada en argumentos, datos y proyectos con rumbo. La pregunta queda en el aire: ¿será esta una simple pulseada narrativa o el inicio de un ejercicio de política superior donde la ciudadanía resulte la verdadera ganadora? La respuesta dependerá de si los interpeladores entienden que cuestionar al gobierno no basta. También deben dignificar su propio papel como oposición.