Infectamos el agua y nadie quiere verlo

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Antonio Juárez Trueba dejó el Siapa. El gobernador Pablo Lemus le agradeció, pero la verdad es que se va debiéndole demasiado a la ciudad. No hizo lo suficiente. No pudo administrar la catástrofe porque la crisis reventó y se salió de las tuberías con color y olor a podrido. Ocultó la información hasta donde más pudo y tampoco se hizo de los datos adecuados para tomar decisiones correctas. Así enfrentó la peor crisis del agua en la historia de la capital de Jalisco y su metrópoli: sin saber, sin datos, sin diagnóstico. 

Hoy no sabemos cómo está el agua en el subsuelo de la Zona Metropolitana —un territorio de 100 mil hectáreas— ni en sus lagos, ríos y presas. No sabemos si las potabilizadoras y las plantas de tratamiento —independientemente de su estado— son suficientes, ni en qué condiciones opera el ciclo del agua. No sabemos cuántas empresas ni cuántos fraccionamientos —sobre todo los que crecieron sin control desde el boom inmobiliario del 2000— siguen tirando sus aguas negras e industriales, con quién sabe qué metales, a Chapala, a la presa Calderón, al río Santiago o al arroyo seco. Imagínate que la ZMG es una isla que creció sin planeación, sin límites para las empresas y sin freno a la mancha urbana. El resultado: los mantos de agua se contaminaron y seguimos sin querer verlo. 

Pero basta abrir la llave en casa para sospechar lo peor. Y lo que sospechábamos ya lo confirmó la Universidad de Guadalajara: en el agua potable hay lombrices, bacterias que dañan el hígado, insectos y heces fecales. Qué metales hay en el agua, aún no lo sabemos. No es alarmismo, es un hecho. 

Por eso el investigador Arturo Gleason, de la UdeG, lo dice claro: no estamos en una crisis hídrica. Estamos en bancarrota hídrica. Es un concepto nuevo de la ONU que significa dos cosas: ya no hay agua limpia y el daño es tan severo que ya no se puede revertir sin una inversión enorme y un plan estructural de fondo. No es un problema de unos meses. Es una enfermedad avanzada. 

El diagnóstico es brutal. El lago de Chapala, que nos da el 70% del agua, llega súper contaminado porque los canales que lo traen se convirtieron en drenajes a cielo abierto. Los acuíferos Atemajac y Toluquilla están sobreexplotados y en proceso de consolidación: el suelo se compacta y ya no puede almacenar más agua. Y la red de tuberías —más de 8 mil 500 kilómetros— tiene tramos tan viejos y colapsados que ni siquiera hay un diagnóstico de su estado. 

Ante esto, la respuesta del gobierno ha sido la misma de siempre: construir otro acueducto. Ahora quieren gastar 11 mil millones de pesos en un tercero, como si el problema fuera traer más agua, cuando el problema es que el agua que ya tenemos está podrida. En 1991 hicieron lo mismo: en lugar de limpiar el acueducto que se contaminó, construyeron otro. No aprendemos. 

Ismael Jáuregui Castañeda acaba de llegar al Siapa. Hasta el viernes 20 de marzo era director de Obras Públicas en Zapopan. Es experto en infraestructura y urbanización, pero no tiene experiencia en temas hídricos. Y lo que viene no es una obra más. Es una bancarrota. 

Gleason, que lleva más de 20 años estudiando el tema, insiste: antes de gastar un peso en un nuevo acueducto, necesitamos un diagnóstico integral y científico de esas 100 mil hectáreas donde están los acuíferos, los ríos y las presas que nos surten. Es como si alguien con cáncer pidiera una radiografía completa, basada en análisis y estudios. Y en caso de necesitarlo, una quimioterapia. Todo eso se necesita, no una aspirina. 

Necesitamos saber, con estudios serios, qué tan contaminados están el lago y los acuíferos, en qué estado están los más de 8 mil 500 kilómetros de tuberías (el equivalente a ir y volver dos veces de Guadalajara a Tijuana), y cuáles colonias son las más afectadas. Sin eso, cualquier obra es un parche. 

Pero esto no puede ser solo trabajo de un funcionario. La solución, dice Gleason, tiene que ser una agenda colectiva: gobierno estatal, municipios, universidades, empresas y sociedad civil sentados a construir un plan a corto, mediano y largo plazo, avalado por especialistas, no por un grupo político. 

El problema es grave y urge actuar. Pero con datos, no ocurrencias. Y también nos toca a nosotros, los ciudadanos, dejar de normalizar el agua podrida y exigir que nos traten como lo que somos: una ciudad en bancarrota hídrica. Tomar conciencia de nuestras propias acciones. Porque si seguimos haciendo como que no pasa nada, será demasiado tarde para todos.