Glorieta de los Niños Héroes: el símbolo patrio derribado

Nadie puede cambiar de la noche a la mañana el nombre de un monumento histórico. La Glorieta de los Niños Héroes, referente de la gesta patria en Guadalajara, cargaba con setenta años de historia y una consigna contundente: “Murieron por la Patria”. Sin embargo, la realidad contemporánea derribó ese símbolo. Hoy, ese espacio ya no se llama así. Ahora es la Glorieta de las y los Desaparecidos.

Los muros donde antes se honraba a los cadetes de Chapultepec están hoy tapizados de pancartas con rostros, nombres y fichas de búsqueda de miles de personas que el Estado no ha podido, o no ha querido, encontrar.

No se trata solo de un cambio de nomenclatura. Es la evidencia palpable de que una herida abierta y sangrante ocupa el lugar de la historia oficial. Jalisco, el estado emblemático del mariachi y el tequila, se convirtió en el epicentro nacional de las desapariciones. Mientras tanto, en un macabro teatro de la inacción, el gobernador del estado y la presidenta de la República se señalan mutuamente, y a los diputados federales y locales, por la parálisis de reformas legales que buscan cerrar el paso a la tragedia, mientras las familias buscadoras arriesgan la vida haciendo el trabajo del que el Estado abdicó.

Para dimensionar la magnitud, hay que mirar los números, aunque duelan. De acuerdo con el Informe Nacional de Personas Desaparecidas 2025, Jalisco se mantiene de forma consistente entre los cinco estados con más casos del país, entidades que en conjunto concentran el 44.3 por ciento de esta tragedia nacional. Al 16 de mayo de 2025, el estado reportaba 14 mil 982 personas desaparecidas.

El perfil de las víctimas rompe estereotipos. La mayoría son hombres, más del 84 por ciento, pero la desaparición de mujeres crece en los 32 estados del país y Jalisco figura entre los cinco con más casos de niñas y mujeres desaparecidas. Lo más desgarrador es que más de uno de cada diez desaparecidos en la entidad era menor de edad.

Detrás de estas cifras opera una maquinaria de impunidad casi perfecta. Colectivos documentaron cómo las autoridades anteriores, lejos de reconocer la magnitud del problema, optaron por una estrategia de negación y minimización que terminó por agravar las desapariciones. En 2022, el entonces gobernador Enrique Alfaro llegó a sugerir que solo el 10 por ciento de los casos tendría relación con un delito, insinuando que el 90 por ciento restante obedecía a “diversos factores”, incluida la desaparición por voluntad propia. Hasta el último día de su gobierno rechazó también que la central camionera de Tlaquepaque fuera un punto de desapariciones forzadas mediante el reclutamiento de jóvenes en busca de empleo, enganchados por la necesidad. Esa narrativa, que revictimiza y criminaliza a las familias, forma parte de lo que los colectivos denominan “desaparecer a los desaparecidos”.

En medio de este panorama, la respuesta de los gobiernos estatal y federal en turno dio un paso conjunto inédito respecto al sexenio anterior. Hoy reconocen el problema e intentan trabajar de manera coordinada para revertir la tragedia. Sin embargo, las instituciones encargadas de legislar soluciones se convirtieron en un espectáculo de parálisis y señalamientos vacíos.

El gobernador Pablo Lemus expresó recientemente su “desesperación” por no ser escuchado en la Cámara de Diputados federal para impulsar modificaciones legales de alcance nacional. Criticó la falta de avances en iniciativas clave, como la homologación de los criterios de seguridad en centrales camioneras con los de los aeropuertos, una medida que podría cerrar espacios al reclutamiento forzado. “Todos los días desaparecen jóvenes en toda la República mexicana y, al parecer, en esa legislación no hay prisa”, afirmó.

La presidenta Claudia Sheinbaum devolvió, no obstante, la responsabilidad al ámbito local. En el mismo encuentro, el Consejo de Seguridad Nacional en Ciudad de México exigió al Congreso de Jalisco homologar tres leyes ya reformadas a nivel federal, en materia de extorsión, seguridad pública y desaparición de personas. Lemus, atrapado en el fuego cruzado, se sumó al llamado, reconoció que se trata de una facultad exclusiva del poder legislativo estatal y pidió celeridad.

Este intercambio dista de ser un debate productivo. Suena más bien al eco de un fracaso anunciado. Mientras los titulares se llenan de reclamos, las iniciativas duermen en comisiones. Una propuesta para reformar el Código Penal y la Ley de Personas Desaparecidas del estado, presentada en noviembre de 2025, sigue “en estudio” en tres comisiones legislativas.

Frente a la inoperancia estatal, una institución paralela, hecha de dolor y coraje, continúa trabajando: los colectivos de familias buscadoras. Ellas hacen lo que el Estado no hace: rastrean pistas, presionan a las fiscalías y cavan con sus propias manos en fosas clandestinas que se multiplican.

Su labor entraña una peligrosidad extrema. En 2025, Teresa González Murillo, buscadora en Jalisco, fue gravemente herida durante un intento de secuestro y días después murió. María del Carmen Morales, del colectivo Guerreros Buscadores, fue asesinada junto con su hijo mientras continuaba la búsqueda de otro hijo desaparecido. El crimen organizado extiende su terror sobre quien se atreve a enfrentarlo.

En un gesto mínimo de reconocimiento, el Congreso de Jalisco podría aprobar una iniciativa que reconoce a las familias de personas desaparecidas como grupo prioritario y vulnerable, garantizándoles acceso a programas de apoyo. Es un paso, pero resulta irrisorio frente a la magnitud del abandono. Como señaló Héctor Flores González, del colectivo Luz de Esperanza, este reconocimiento llega en un momento clave, justo antes del análisis del presupuesto estatal 2026. La pregunta es si vendrá acompañado de recursos reales para cambiar su realidad.

La glorieta resignificada es hoy algo más que un monumento. Es un espejo de la bancarrota moral de un sistema. Jalisco no solo encabeza listas de desapariciones; es el escenario donde se representa la tragedia mexicana en su expresión más cruda: la naturalización del horror.

Los llamados entre Lemus y Sheinbaum, la lentitud de los congresos federal y local y las iniciativas varadas en comisiones no son fallas aisladas. Son síntomas de que la desaparición se convirtió en un trámite administrativo, un número más en un registro, un tema para el discurso político estéril.

Mientras tanto, en la glorieta, los rostros en pancartas adheridas a las losetas siguen multiplicándose. Cada uno recuerda que el Estado permitió que el crimen redefiniera la geografía humana de Jalisco. El verdadero cambio de nombre no ocurrió en un hemiciclo. Ocurre cada vez que una madre pega la foto de su hijo en ese muro y reescribe, con su dolor, la historia de un estado que no logra encontrar el rumbo.

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