El secreto enclavado del aguacate

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Sobre el terreno árido de Sonora, donde el agua puede valer más que el petróleo, un hombre de bigote no se conformó con gobernar, sino que planeó un saqueo.

Los yaquis lo advirtieron desde antes de que se corroborara el delito: tuvo una visión perversa y genial para concebirlo. En medio de la escasez vio una inmensa oportunidad redituable. Guillermo Padrés no construyó un simple acueducto: montó una red, una hidra de 245 cabezas que, en lugar de llevar vida a los sedientos, abasteció los ranchos de sus amigos, de sus socios, de empresarios y de su círculo de poder.

Mientras la Tribu Yaqui padecía la sed, la gran obra del gobernador perfeccionaba el arte del robo: desviar el agua de un pueblo para regar el negocio de unos cuantos. Era la historia de un plan maestro, no para vencer la sequía, sino para secar al enemigo y embotellar el futuro en beneficio propio.

Padrés se convirtió muy pronto en un instructor panista o seguidor de un grupo de su partido en el Bajío y el Occidente.

El Cártel del Agua. Seis líderes panistas acaparan concesiones para uso agrícola. Son cuatro exgobernadores, un exdirigente partidista y un expresidente de México. Pero nos centramos en Jalisco. “No es sequía, es saqueo”, dice un experto consultado por MILENIO sobre la nota principal de esta edición.

La investigación revela que en Jalisco los dueños de estos privilegios acuíferos son un exmandatario de la entidad y un expresidente nacional del PAN; ambos cuentan con concesiones en la zona centro-occidente del país.

Aquí las tierras no son desérticas. Están en las zonas altas de Jalisco, donde el aire es fresco y el paisaje parece una postal de prosperidad, pero ahí se esconde un secreto. No es un secreto de minerales ni de petróleo. Es el secreto del agua.

En esas alturas, el fruto verde del aguacate florece con el vigor que solo otorga un riego abundante, y cuyo producto, antes de nacer, ya tiene garantizada su exportación. Pero el origen de esta abundancia no es solo la lluvia ni un pozo brotante honrado. El cultivo de aguacate en Michoacán y Jalisco mantiene la preocupación de los ambientalistas debido a su alto consumo de agua y su impacto en los recursos hídricos locales.

Su origen es una concesión. Un permiso que, en manos poderosas, se transforma en un título de propiedad sobre la vida misma.

La investigación lo deja al descubierto: un cártel opera en el corazón del Bajío. No trafica con drogas, sino con un recurso más preciado. Sus cabecillas no son narcos, sino exgobernadores y exdirigentes de partido; nombres que resonaron en los pasillos del poder y que, al dejarlos, aseguraron para sí la verdadera moneda del futuro.

Francisco Javier Ramírez Acuña, exgobernador de Jalisco, y Marko Antonio Cortés Mendoza, expresidente nacional del PAN, son dos de los seis líderes de este “Cártel del Agua”.

Ramírez Acuña, quien gobernó Jalisco de 2001 a 2006, es titular de una concesión de 25 mil metros cúbicos de agua en el municipio de Tototlán. Este permiso estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2029.

Por su parte, Marko Cortés Mendoza obtuvo dos concesiones entre 2016 y 2021, otorgadas por el Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico. Ambas están destinadas, de acuerdo con reportes del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), a la producción de aguacate en los municipios de Tapalpa y Atoyac. No son casos aislados.

Los volúmenes de estas concesiones son significativamente mayores: la primera asciende a 132 mil metros cúbicos y vence el 24 de febrero de 2047; la segunda es de 50 mil metros cúbicos y concluye su vigencia en septiembre de 2028.

En total, los seis panistas del Cártel del Agua controlan un volumen descomunal: 3.3 millones de metros cúbicos. Una cantidad que equivale a una presa entera. Agua suficiente para saciar a una comunidad durante 274 años.

Es la arquitectura perfecta de un sistema de acaparamiento, donde la ley, lejos de impedirlo, lo facilitó. La Ley de Aguas Nacionales de 1992 creó un mercado: un espacio donde el agua, patrimonio de la nación, se convirtió en una mercancía que podía ser concesionada, transmitida y, en la práctica, acaparada por unos cuantos.

El rastro se remonta a los inicios: a Vicente Fox, entonces gobernador de Guanajuato, recibiendo algunas de las primeras concesiones. La semilla de un sistema que hoy muestra su cosecha: 59 mil títulos de concesión con irregularidades, acuíferos sobreexplotados y un mercado negro que burló al Estado durante décadas.

Frente a este saqueo de traje y botas, la respuesta no podía ser otra para quienes ostentan el poder y han echado a andar una maquinaria que va desmantelando todo el andamiaje de sus beneficios, incluido el agua.

La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, dicen los diputados de la Cuarta Transformación, no es un simple ajuste legal: es un cambio de paradigma. “Es la tipificación de delitos hídricos, persiguiendo con penas de cárcel un robo que antes era, en el mejor de los casos, una falta administrativa. Es la eliminación de los bancos de agua, esas bolsas de valores donde se comerciaba con el futuro de las comunidades. Es la creación de un Fondo de Reserva para que el Estado recupere el control y reasigne el agua con justicia, no con avaricia”, dice un legislador que impulsa el proyecto en el Congreso.

La frase de un experto consultado por el reportero de MILENIO resume con crudeza: “No es sequía, es saqueo”. Y hoy, el Estado intenta, por primera vez en décadas, ponerle un alto al saqueo institucionalizado. Esta es la historia de apenas algunos casos de cómo el agua de todos se convirtió en el botín de unos cuantos, y del intento monumental por devolverla a su dueño legítimo —siempre y cuando no solo cambien los individuos—: la nación.