Senado inicia discusión del ‘Plan B’ de la reforma electoral
Durante esta discusión se busca dejar fuera la “cláusula de vida eterna”, que la Cámara de Diputados avaló en diciembre pasado.
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Pleno del Senado de la República. | Archivo
Este miércoles inició la discusión para dejar fuera del Plan B en materia electoral en el Senado, la “cláusula de vida eterna”, que la Cámara de Diputados avaló en diciembre pasado.
Fue el presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Armenta, quien leyó los antecedentes del dictamen aprobado y remitido al Senado.
El lunes pasado, las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda argumentaron que esta modificación al artículo 12 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) es inconstitucional pues no se apega a lo previsto en el artículo 72, fracción E de la Ley Suprema.
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los juzgados distritales recibirán —en un plazo máximo de 30 días— decenas de juicios para frenarla, suspenderla, inaplicarla o echarla abajo por completo por considerarla inconstitucional.
El Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales Electorales, los partidos políticos, grupos parlamentarios, organizaciones no gubernamentales, la ciudadanía en general, el INAI o incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) podrán presentar diferentes recursos en contra de los cambios de la reforma electoral de acuerdo con ámbito de sus competencias.
Primera parte del 'Plan B' no aplicará para comicios en Edomex y Coahuila, resuelve ministro de SCJN
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán, admitió a trámite seis de las siete acciones de inconstitucionalidad presentadas por los partidos políticos nacionales, así como diputados federales y senadores, todos de oposición, en contra de la primera parte del llamado Plan B de la reforma electoral.
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El martes, el ministro del máximo tribunal del país también determinó conceder la suspensión solicitada por los diputados para que las reformas a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas no apliquen para los procesos electorales que ya están en marcha.
“Ha lugar a conceder la medida cautelar solicitada, para el efecto de que el Decreto combatido no rija en los procesos electorales que se encuentran en desarrollo, esto es, los correspondientes al Estado de México y Coahuila, pues de no concederse podrían causarse afectaciones irreparables al sistema democrático y a los derechos fundamentales implicados en éste", detalla el acuerdo.
mvls
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